Históricamente, los gobiernos han buscado atacar la libertad de expresión a través de un método extremadamente sencillo… látigo o billetera. Hoy, con la aparición de las redes sociales eso parece haber cambiado, la información se democratizó y surgieron nuevos comunicadores que, independientemente de su masividad, logran muchas veces instalar un tema de debate.
Existen ya casos donde las multinacionales de la información como Facebook, Google o Twitter, resultan influyendo en el debate político y hasta en las elecciones. Por eso, los políticos intentan cambiar sus métodos, aunque la tecnología (y el ciudadano) vaya mucho más rápido.
Hace algunos años, una seguidilla de tapas de ABC podían voltear un gobierno, hoy eso es algo que nos parece lejano y no porque no se pueda sacar a un gobernante por corrupto o por inoperante, sino porque no es ABC (ni ningún otro medio o grupo político quien se ocupará de eso); hoy, ese poder volvió a manos del soberano, del elector, del ciudadano de a pie que a través de sus redes sociales se transformó en un cronista en tiempo real. ¿Un ciudadano corre desnudo por Mariscal López? ¿Marly nos da material para un nuevo meme? ¿El presidente recibe al “representante” de Lamborghini en el Palacio de los López? De todo nos enteramos prácticamente en vivo, para bien o para mal.
Esta situación, provoca un indómito deseo en la clase política de influir en nuestras mentes de manera directa, sin “persuadir” a los medios tradicionales de que su idea es buena y de que ellos son la solución a los problemas de la Patria. Las mentes están ahí, a un tweet de distancia pero, conscientes de que tan bien o mal calificados los tiene la ciudadanía, no se animan a ser ellos mismos quienes lancen las ideas al cyber espacio; saben, también, que nadie resiste la crueldad de un archivo.
Antiguamente y desde que existe la democracia, los debates se daban en los parlamentos, mientras que en la actualidad, en tanto Cale Galaverna y Payo Cubas juegan al carnaval en el foro, el debate se trasladó a las redes sociales. Claro, ese debate, las más de las veces es un debate pueril, bajo y, porque no decirlo, con actores que por su vocabulario y sapiencia se los podría llegar a considerar arrabaleros.
Estas características, hacen que las operaciones de los políticos en las redes sociales sean fácilmente desarticuladas, ¿El último ejemplo? El flojo intento de culpar a Horacio Cartes de los problemas de seguridad de la actualidad. Esta movida, iniciada en los arrabales de los trolls contratados por el gobierno, fue seguida por periodistas venidos a menos y, como frutilla del postre, se sumó la segunda dama nacional, la senadora Desirée Masi que, en este caso, debemos reconocer que tiene un interés creado por su cupo político en el Poder Ejecutivo.
La presión social y mediática en torno a la figura del ministro del interior se vuelve, con el correr de los días, insostenible, y su salida en inminente. Todo esto, coincide con la nueva aparición de Rafael Filizolla en la agenda de los medios cercanos al poder. Si, nos referimos al popularmente conocido como “Filicoptero”.
La movida impulsada desde el gobierno nacional, busca instalar la figura de Filizolla como reemplazo “natural” de Juan Ernesto Villamayor en el Ministerio del Interior pero, como mencionara unos párrafos atrás, nadie resiste un archivo, es por eso que consideramos necesario recordar cual fue el desempeño de Rafael Filizolla cuando le tocó conducir el Ministerio del Interior y, sobre todo, cuáles fueron las observaciones realizadas por la Contraloría a su gestión:
- Contratación de servicios de capacitación para pilotos, operadores de vuelo y mecánicos por un monto de Gs. 5.834.620.000, afectando los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011. No encontrándose evidencias de las operaciones que justifiquen la millonaria erogación.
- El pago de Gs. 488.000.000 por un servicio de capacitación de pilotos en España, sin evidencias, siquiera, de que los mencionados cursos se hayan realizado.
- El pago de Gs. 1.161.600.000 en cursos de operadores policiales y mecánicos que no fueron realizados.
- El gasto de Gs. 2.075.436.700 en servicios de expedición y legalización de fotocopias, sin una sola disposición legal que avalara dicho procedimiento.
- Y si, no podía faltar, la compra directa de 3 helicópteros y dos trailers eléctricos por la discreta suma de Gs. 18.322.353.000.
No sabemos si finalmente esta operación tendrá éxito y saltaremos de las brasas al fuego en términos de seguridad interior, lo cierto, es que el poder ejecutivo deberá esforzarse más si quiere levantar su imagen, si quiere que la ciudadanía vuelva a confiar y las aguas se aquieten.
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