Una investigación interna del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, encabezada por su presidente, Francisco Ruiz Díaz, derivó en la destitución de tres altos directores tras detectarse indicios de una maniobra administrativa que habría buscado perjudicar al Estado mediante la adjudicación irregular de 500 hectáreas de tierras públicas a precio subsidiado. Los funcionarios desvinculados son Gustavo Torres, José Brossi y Jorge Vázquez.
La trama administrativa se remonta a 1996, cuando Aníbal da Silva solicitó al entonces Instituto de Bienestar Rural —presidido en ese momento por Hugo Halley Merlo— la verificación de su ocupación de un inmueble de 500 hectáreas en la Colonia Fidel Maíz, alegando haber adquirido los derechos de ocupación de Autora Troche. El pedido ya generaba dudas, porque el Estatuto Agrario vigente entonces limitaba a 100 hectáreas la superficie adjudicable por beneficiario.
Una resolución institucional autorizó al funcionario Víctor Carvajal a verificar la ocupación. Su informe confirmó la posesión del predio y detalló mejoras introducidas. En enero de 1997 el organismo llegó a cobrarle al ocupante 133,5 millones de guaraníes por la totalidad de la superficie, calculados a razón de 250.000 guaraníes por hectárea.
Meses después, Aníbal da Silva comunicó que abandonaba la explotación y cedía sus derechos a su hermano, Raimundo da Silva. Una nueva inspección confirmó que este último ocupaba el terreno y poseía 150 cabezas de ganado. Sin embargo, en noviembre de 1999 la asesora jurídica Raquel Britez recomendó rechazar la pretensión de adjudicarle las 500 hectáreas y limitarla a 60, señalando que no existía fundamento técnico ni mejoras productivas que justificaran semejante extensión.
El expediente volvió a registrar actividad recién en 2007 con otra verificación, y luego quedó prácticamente paralizado durante más de una década. Ese largo silencio administrativo fue uno de los elementos que despertó sospechas en la actual gestión del INDERT: según fuentes internas, al revisar el legajo el presidente detectó la ausencia de movimientos durante años y la repentina reactivación del trámite el 3 de enero de 2024, cuando Raimundo da Silva solicitó nuevamente la inspección de su ocupación.
Las irregularidades se multiplicaron desde ese momento. No consta en el expediente autorización institucional para realizar la verificación de campo, pero aun así el director departamental Aldo Flecha se constituyó el 23 de mayo de 2024 en el inmueble. En ese procedimiento se elaboró un plano georreferenciado firmado por el ingeniero Jorge Vielma, quien introdujo una observación considerada “llamativa”: sostuvo que la colonia habría sido habilitada en 1941 con superficies de 500 hectáreas y sugirió consultar a Catastro sobre esa habilitación.
El informe fue elevado el 6 de junio de 2024, pero sin aclarar quién ordenó la verificación. Tampoco existe constancia documental de que la información haya pasado formalmente a Presidencia. Aun así, el expediente siguió su curso interno sin respetar los circuitos administrativos: Flecha lo remitió por iniciativa propia a la Agencia Rural, que a su vez lo derivó al funcionario Humberto González —posteriormente destituido por indicios de mal desempeño—. Este lo envió al SIGA, organismo técnico que advirtió que las 500 hectáreas pretendidas pertenecen al patrimonio del INDERT.
Pese a esa advertencia, el expediente fue remitido a Brossi, quien lo elevó a la Dirección de Catastro, encabezada por José Britez. Allí se agregó al legajo un supuesto plano fechado en 1940. Ese documento se volvió pieza clave: los abogados de la Dirección Jurídica —Brossi, Torres y Vázquez— habrían utilizado ese antecedente para sostener que debía aplicarse la normativa agraria vigente en ese año, lo que permitiría adjudicar la totalidad del predio solicitado.
La maniobra chocaba frontalmente con la legislación actual, que limita a 30 hectáreas la superficie adjudicable por beneficiario. Según la investigación interna, el intento de aplicar un estatuto derogado buscaba justificar jurídicamente la transferencia de las 500 hectáreas a Raimundo da Silva.
El perjuicio potencial para el Estado era millonario. Las tierras estaban valuadas en el expediente a precio de reforma agraria —250.000 guaraníes por hectárea— cuando el valor de mercado rondaría los 32 millones por hectárea. Esa diferencia generaba una brecha estimada en 15.875 millones de guaraníes.
Otro elemento considerado sensible fue el perfil patrimonial del solicitante. Registros administrativos indican que Raimundo da Silva poseería múltiples vehículos de alta gama, entre ellos unidades de Mercedes‑Benz, además de una camioneta Toyota Hilux, un utilitario Kia Besta y una pick-up Mazda B2000. Para la administración actual, esos datos resultarían incompatibles con el perfil socioeconómico requerido para beneficiarios de programas de reforma agraria.
Al tomar conocimiento de toda la secuencia documental, Ruiz Díaz ordenó una investigación interna y dispuso la remoción inmediata de los tres directores jurídicos implicados. Además, remitió el expediente a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, encabezada por Elga Escobar, para la apertura de una investigación administrativa integral.
Fuentes institucionales señalan que la decisión de “barrer” la Dirección Jurídica respondió a la gravedad de los indicios detectados: utilización de normativa derogada, incorporación de documentos históricos sin validación técnica clara, omisión de procedimientos obligatorios y posible intento de transferencia irregular de tierras públicas.
El caso, que se gestó a lo largo de casi tres décadas de trámites intermitentes, expone fallas estructurales en los controles administrativos y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de adjudicación de tierras fiscales. Mientras avanza la investigación interna, el expediente podría derivar también en actuaciones ante órganos de control externos si se confirman responsabilidades penales o administrativas.
Para el actual titular del ente, la prioridad es dejar asentado que la maniobra fue detectada antes de concretarse. La destitución de los directores, sostienen desde la institución, marca un precedente disciplinario y busca enviar una señal política clara: frenar cualquier intento de manipulación del sistema de adjudicación de tierras públicas.
