La administración del intendente de Encarnación, Luis Yd, avanzó de manera unilateral con la ampliación del estacionamiento tarifado en el microcentro de la ciudad, incorporando cepos, grúas y el secuestro de vehículos como mecanismo de coerción para los automovilistas que no abonen el servicio. La decisión, lejos de consensuarse con la ciudadanía y los representantes electos, se impuso aprovechando un vacío institucional y dejó al descubierto una preocupante forma de gobernar.
El avance del Ejecutivo municipal se produjo luego de que la Junta Municipal, por falta de quórum, no pudiera tratar la modificación de la Ordenanza Nº 88/2023. Ante esta situación, el intendente declaró la sanción ficta del proyecto, una herramienta legal que, si bien existe, resulta altamente cuestionable cuando se utiliza para imponer medidas de fuerte impacto social y económico sin el debido debate democrático.
La ampliación del estacionamiento tarifado, ahora acompañada de un esquema punitivo que incluye cepos, grúas y el retiro forzoso de vehículos, generó un inmediato y fuerte rechazo ciudadano. Vecinos, comerciantes, trabajadores y turistas expresaron su malestar ante una medida que encarece el acceso al centro de la ciudad y transforma el espacio público en una fuente de recaudación antes que en un servicio al ciudadano.
Las críticas apuntan especialmente al impacto negativo sobre el turismo, uno de los principales motores económicos de Encarnación, y sobre los trabajadores que diariamente deben trasladarse al microcentro. Para muchos, la nueva política municipal convierte al estacionamiento en un privilegio y no en un derecho básico para quienes sostienen la actividad económica local.
Más allá del debate legal, el fondo de la cuestión es político e institucional. La actitud del intendente Luis Yd deja la sensación de un Ejecutivo que elude el diálogo, ignora el descontento social y utiliza mecanismos formales para imponer decisiones impopulares. En lugar de buscar consensos y soluciones equilibradas, la administración municipal opta por el camino de la imposición, profundizando la desconfianza ciudadana y debilitando la legitimidad de sus decisiones.
