Un simple pedido de informes bastó para desnudar una verdad incómoda en el Congreso: la transparencia es un principio que muchos defienden solo cuando no los roza. Cuando la fiscalización apunta a una administración “amiga”, el compromiso se diluye y aparecen los pretextos.
La sesión de la Comisión Permanente terminó sin quorum luego de que legisladores de la oposición abandonaran la sala ante un requerimiento dirigido a la Gobernación de Itapúa, administrada por el PLRA. El gesto fue político, pero el mensaje fue institucional: hay controles que se toleran y otros que se bloquean, según quién esté del otro lado del mostrador.
El pedido de informes, lejos de ser una rareza, es una herramienta ordinaria del Parlamento. Está prevista en el reglamento y se utiliza de forma sistemática para acceder a datos, documentos y explicaciones sobre la gestión pública. No implica una condena previa ni sustituye a la Contraloría. Es, simplemente, una forma de ejercer el control político que la Constitución habilita.
Sin embargo, esta vez el foco se corrió rápidamente del contenido del pedido hacia la identidad del administrador consultado. La discusión dejó de girar en torno al interés público de la información y pasó a orbitar alrededor de la pertenencia partidaria del gobernador. Ese desplazamiento es revelador: cuando el control incomoda al propio espacio político, deja de ser una virtud y se convierte en una amenaza.
Se alegó que el cuestionario era demasiado exhaustivo, casi una auditoría encubierta. Pero incluso aceptando ese argumento, la reacción resultó desproporcionada. En el funcionamiento parlamentario existen mecanismos para ajustar, delimitar o reformular pedidos. Vaciar la sesión no es uno de ellos. Convertir la ausencia en un instrumento de bloqueo sienta un precedente peligroso.
Lo que queda expuesto es una lógica conocida pero pocas veces admitida: la fiscalización es bienvenida cuando apunta al adversario y sospechosa cuando mira hacia adentro. Esa selectividad no combate la corrupción, la administra. Y la corrupción, conviene recordarlo, no reconoce colores políticos ni siglas partidarias.
En contextos de baja confianza ciudadana, la respuesta debería ser más transparencia, no menos. Dar explicaciones fortalece a las instituciones; impedir que se pidan datos las debilita. Cada vez que el estándar cambia según la conveniencia política, el sistema pierde credibilidad.
El episodio de Itapúa no es solo una disputa coyuntural entre oficialismo y oposición. Es una señal de alerta sobre cómo se concibe el control del poder. Si fiscalizar depende de la afinidad partidaria, entonces la rendición de cuentas deja de ser una regla y pasa a ser una excepción.
Y cuando la excepción se vuelve costumbre, el mensaje para la ciudadanía es claro y preocupante: la ley se aplica con una vara distinta según quién administre. Eso no es control democrático. Es autoprotección política.
