Un año después de que el escándalo del FIFAGate sacudiera a la dirigencia del fútbol mundial, el Banco Atlas quedó en el centro de una grave imputación del Ministerio Público por su vínculo financiero con Nicolás Leoz, entonces presidente de la Conmebol y ya bajo fuerte exposición penal internacional. Según la investigación fiscal, lejos de extremar los controles y restringir la operatoria, la entidad autorizó la constitución de fideicomisos a favor del dirigente, facilitando la administración de fondos que ya se encontraban bajo sospecha.
La imputación sostiene que el banco no solo mantuvo la relación comercial con Leoz pese al contexto crítico, sino que avanzó en la formalización de estructuras financieras que consolidaron la operatoria. Para la Fiscalía, esta conducta resulta especialmente grave, ya que el estallido del FIFAGate había elevado de manera evidente el perfil de riesgo del cliente, lo que exigía mayores estándares de debida diligencia y un monitoreo reforzado.
El expediente también retrotrae las alertas a años anteriores. La investigación menciona que ya en 2013 debieron encenderse señales de alarma por la forma de ingreso de los fondos: depósitos en efectivo por aproximadamente USD 5,1 millones, realizados de manera encadenada durante un período cercano a los tres meses. Ese patrón, de acuerdo con la tesis fiscal, era suficiente para activar controles más estrictos y reportes de operaciones sospechosas.
Sin embargo, según la Fiscalía, Atlas no ejecutó en ese momento la debida diligencia exigible para un cliente considerado de alto riesgo. Recién en 2015, cuando el escándalo internacional ya estaba plenamente instalado, el banco habría “completado” el legajo del cliente, incorporando documentación fechada en 2013, pero que habría sido preparada con posterioridad, es decir, antedatada.
Para el Ministerio Público, este conjunto de hechos configura una conducta sistemática de omisión de controles y de facilitación de estructuras financieras en un contexto de riesgo evidente. La investigación pone bajo la lupa no solo las decisiones adoptadas tras el FIFAGate, sino también la actuación previa de la entidad, que, según la acusación, no estuvo a la altura de las obligaciones legales y regulatorias que rigen para la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.
