Con una serie de decisiones de alto impacto institucional, el presidente colombiano Gustavo Petro parece estar moviendo piezas clave en un tablero político cada vez más adverso. En un contexto marcado por la caída sostenida de su popularidad y con un año electoral por delante, las recientes acciones del Ejecutivo despiertan fuertes sospechas sobre una estrategia orientada a conservar poder más allá de los límites que impone la normalidad democrática.
El recambio en la cúpula militar, presentado oficialmente como una renovación de mandos, se produce en un momento particularmente sensible. Si bien los cambios en las Fuerzas Armadas son una atribución presidencial, su oportunidad política no pasa desapercibida. En medio de un desgaste acelerado de la imagen del gobierno y de crecientes cuestionamientos internos, la reconfiguración del alto mando militar puede leerse como un intento de asegurarse lealtades en un escenario de creciente conflictividad social y política.
A esto se suma el respaldo explícito del presidente a la conformación de un comité ciudadano que impulsa la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque el proceso aún no ha sido activado formalmente y debe atravesar instancias legales, el solo planteamiento del tema en un año preelectoral enciende alarmas. La apelación a una Constituyente ha sido históricamente una herramienta utilizada por gobiernos debilitados para reescribir las reglas del juego cuando el respaldo popular ya no alcanza para sostener el rumbo político por vías ordinarias.
En paralelo, la declaración de la emergencia económica y social otorga al Ejecutivo facultades excepcionales para legislar por decreto, reduciendo el margen de acción del Congreso. Si bien la medida está contemplada en la Constitución y sujeta al control de la Corte Constitucional, su uso en este contexto refuerza la percepción de un gobierno que busca sortear los contrapesos institucionales ante la falta de consensos políticos y el rechazo legislativo a sus principales reformas.
El denominador común de estas decisiones es el momento en que se producen. Con índices de aprobación que tocan mínimos históricos y un clima social cada vez más adverso, el gobierno de Petro parece optar por la concentración de poder y la confrontación institucional antes que por la autocrítica o el diálogo político amplio. En lugar de asumir el desgaste natural de su gestión y preparar una transición dentro de las reglas democráticas, el Ejecutivo da señales de estar explorando caminos alternativos para prolongar su influencia.
Lejos de disipar las dudas, estas maniobras refuerzan la inquietud de amplios sectores de la sociedad colombiana que ven en estas acciones no simples decisiones administrativas, sino parte de una estrategia para no soltar el poder en un escenario electoral que hoy le resulta claramente desfavorable.
