El procurador general del estado de Texas, Ken Paxton, confirmó la presentación de una acción legal contra cinco de los principales fabricantes de televisores inteligentes del mundo —Sony, Samsung, LG, Hisense y TCL— por la presunta recolección ilegal de datos personales de los usuarios estadounidenses. Según el comunicado difundido en el sitio oficial de la fiscalía texana, las compañías habrían utilizado tecnología de Reconocimiento Automático de Contenido (ACR, por sus siglas en inglés) sin el consentimiento ni el conocimiento de los consumidores.
De acuerdo con la denuncia, esta tecnología permite “capturar capturas de pantalla del televisor cada 500 milisegundos”, monitorear en tiempo real la actividad del usuario y transmitir esa información directamente a las empresas. La acusación sostiene que el nivel de vigilancia es extremo y desproporcionado, convirtiendo a los televisores inteligentes en verdaderos dispositivos de seguimiento dentro del hogar, con acceso a hábitos de consumo, preferencias audiovisuales e incluso patrones de comportamiento familiar.
Más allá de la violación a la privacidad, el caso adquiere una dimensión geopolítica sensible. Paxton puso el foco especialmente en Hisense y TCL, dos compañías de origen chino, al advertir que la Ley de Seguridad Nacional de China podría obligar a las empresas de ese país a compartir información con el Estado chino cuando así se les requiera. En ese marco, los datos recolectados de millones de hogares estadounidenses no solo tendrían valor comercial, sino también potencial valor estratégico.
La legislación china vigente establece que las empresas y ciudadanos deben “apoyar, asistir y cooperar” con los servicios de inteligencia del Estado, lo que, según críticos de este marco normativo, elimina cualquier barrera real entre el sector privado y el aparato estatal. Para las autoridades texanas, esto abre la puerta a un riesgo estructural: información sensible de ciudadanos estadounidenses podría quedar indirectamente bajo control de un régimen extranjero, sin mecanismos efectivos de control o transparencia.
El comunicado también señala que estos datos, altamente valiosos en el mercado publicitario y tecnológico, han sido utilizados en algunos casos para subsidiar el costo de los dispositivos, abaratando los televisores a cambio de una vigilancia constante. Sin embargo, la fiscalía sostiene que ese modelo de negocios ha cruzado límites legales y éticos claros, operando “fuera de control” y vulnerando derechos básicos de los consumidores.
La demanda presentada por Texas se inscribe en un contexto más amplio de creciente desconfianza hacia las prácticas de recolección de datos de empresas tecnológicas, especialmente aquellas sujetas a marcos legales que permiten la injerencia directa del Estado. El caso podría sentar un precedente relevante no solo en materia de privacidad, sino también en el debate sobre soberanía digital, seguridad nacional y el verdadero costo de la tecnología aparentemente accesible.
