El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) dio un golpe de autoridad en la defensa de los recursos del Estado y de las familias beneficiarias de la reforma agraria. Este martes presentó ante el Ministerio Público una denuncia por un intento de estafa por casi 15 millones de dólares relacionado con la compra de un inmueble de 1.400 hectáreas en Itakyry, Alto Paraná, operación impulsada de manera irregular en 2022.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, no ocultó su indignación ante lo que calificó como un aprovechamiento de debilidades institucionales y la producción de instrumentos públicos supuestamente falsos para engañar al Estado. La maniobra involucró a la expresidenta del Indert, Gail González Yaluff, y a un supuesto funcionario municipal de San Lorenzo, Héctor Urbano Parodi, quienes pretendían canjear una finca fiscal por tierras en el Chaco paraguayo sin aprobación de la Junta del organismo. «Se intentó estafar al Indert y, por extensión, a unas 160 familias que esperan legítimamente su tierra», denunció Ruiz Díaz.
La actual administración, desde su llegada, actuó con rapidez: en octubre de 2024 emitió una resolución rechazando el acuerdo irregular y puso la finca bajo resguardo mientras el Ministerio Público investiga los hechos. Esta medida, subrayó Ruiz Díaz, no solo protege los recursos del Estado, sino que defiende la ética y la transparencia frente a la negligencia de quienes administraron irregularmente el organismo.
En paralelo, el Indert anunció la suspensión de todas las adjudicaciones en la región del Chaco, especialmente en zonas vinculadas al Puente Bioceánica y la nueva autopista. La decisión busca garantizar que el Estado pueda aplicar un valor de mercado correcto a las tierras y no perder unos 3.500 millones de dólares en plusvalía, producto de la especulación que se ha producido en los últimos años. Ruiz Díaz advirtió que entre 2020 y 2023 se registraron adjudicaciones masivas, muchas con aparentes prestanombres y mecanismos para evadir el Estatuto Agrario, mientras que desde 2024 la administración actual ha adjudicado apenas 62 hectáreas.
Con estas acciones, el Indert afirma que no tolerará maniobras fraudulentas ni descuidos administrativos que pongan en riesgo los intereses del Estado y de las familias que esperan legítimamente acceder a la tierra. La denuncia contra quienes intentaron estafar a la institución marca un antes y un después en la gestión de la reforma agraria: el Indert se muestra decidido a cortar de raíz la impunidad y restablecer la legalidad en cada hectárea del país.
