Un incidente ocurrido en un edificio contiguo al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) volvió a poner en evidencia la facilidad con la que algunos sectores políticos y mediáticos recurren a afirmaciones apresuradas sin verificar la información.
Mientras aún se trabajaba para controlar el fuego, políticos opositores y algunos medios de comunicación se apresuraron a difundir la versión de una supuesta “quema de archivos” del INDERT, instalando una narrativa alarmista sin contar con datos confirmados. Entre ellos destacó el senador Eduardo Nakayama, uno de los primeros en publicar acusaciones en redes sociales, publicación que posteriormente terminó borrando ante la falta de sustento de sus afirmaciones.
Frente a la ola de especulaciones, el presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, salió al paso de los rumores y aclaró públicamente que los archivos del organismo estaban a buen resguardo, y que el incendio se había producido en una estructura vecina, sin afectar la documentación institucional. La aclaración, realizada desde sus redes sociales, buscó frenar la desinformación que ya circulaba ampliamente.
El episodio vuelve a plantear la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad en el ámbito político. En tiempos donde la inmediatez parece imponerse sobre la verificación, episodios como este recuerdan que no todo vale en política: lanzar acusaciones sin pruebas no solo erosiona la credibilidad de quienes las emiten, sino que también alimenta la incertidumbre y la desconfianza pública.
La desinformación, amplificada por actores que deberían priorizar la verdad, demuestra una vez más que el rigor y la cautela deben ser principios esenciales en el debate democrático.
