El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) descubrió un esquema fraudulento que habría permitido a una inmobiliaria quedarse con 200.000 hectáreas de la región Occidental. El mecanismo, firmado durante la administración anterior, involucraba a un funcionario municipal de San Lorenzo y una compleja operación de permuta que comprometía tierras en la zona de influencia de la Ruta Bioceánica.
Según explicó el actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, el acuerdo se originó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando Héctor Urbano Parodi, funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo, presentó ante la institución un supuesto inmueble de 1.400 hectáreas ubicado en Itakyry. Parodi ofreció transferir el título a nombre del Indert, pero la institución respondió que no contaba con recursos para adquirir el predio.
Ante esa situación, Parodi propuso una alternativa: un acuerdo de permuta mediante el cual el Indert asumiría una deuda de USD 16 millones, monto que él podría cobrar posteriormente a través de tierras públicas. El convenio, según el relato de Ruiz Díaz, estaba diseñado para que el pago se realizara con extensas superficies fiscales ubicadas en la Ruta Bioceánica.
“Si yo tomo esos 16 millones y los divido en valores promedio, voy a encontrar que tengo que entregar 200.000 hectáreas del Chaco. Con ese acuerdo se formó una inmobiliaria, y con esa inmobiliaria se iba a entregar 200.000 hectáreas principalmente en la zona de influencia de la Bioceánica”, explicó el titular del Indert.
Ruiz Díaz señaló que tuvo conocimiento del esquema en diciembre de 2023, poco después de asumir el cargo. Al detectar la magnitud del perjuicio potencial para el Estado, emitió el 17 de enero de 2024 una resolución que canceló todas las permutas en trámite, bloqueando así la operación.
“Tranqué todo tipo de permuta y ahí la inmobiliaria se quedó sin esas 200.000 hectáreas porque no le he permitido permutar tierra. Quieren volver a abrir la canilla que cerré”, advirtió.
El Indert sostiene que el caso debe ser investigado a fondo, atendiendo a que el mecanismo habría permitido despojar al Estado de una de las mayores extensiones de tierras públicas en disputa en los últimos años. Por ahora, el organismo insiste en que no habrá retrocesos en su decisión de anular los acuerdos irregulares y proteger los bienes fiscales.
