La reciente imputación del empresario argentino Alfredo Rilla por el presunto desvío de fondos en una desarrolladora inmobiliaria, pretendió generar impacto en el sector inmobiliario regional, particularmente en Paraguay, donde la firma damnificada tiene una fuerte presencia y una reputación consolidada.
De acuerdo con la causa impulsada por el Ministerio Público, Rilla —accionista minoritario de Petra— habría desviado más de 500.000 dólares entre los años 2021 y 2023, mediante rendiciones de gastos manipuladas y otras irregularidades contables detectadas durante auditorías internas. El monto exacto señalado por la imputación fiscal asciende a USD 521.651, y el empresario fue citado a comparecer ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 11 de Asunción el próximo 3 de noviembre.
El proceso judicial se inició tras una investigación interna que llevó al directorio de la empresa a presentar una denuncia penal, luego de la renuncia de Rilla en 2023. La imputación actual lo coloca como principal responsable de un presunto delito de lesión de confianza, previsto en el artículo 197 del Código Penal paraguayo, con perjuicio patrimonial comprobado para la compañía.
La gravedad del caso no radica únicamente en el monto del perjuicio económico, sino también en sus implicancias para un sector inmobiliario en plena expansión, que ha sido uno de los motores de la inversión extranjera en Paraguay durante los últimos años. La desarrolladora damnificada prosperó con más de veinte proyectos en la región, con estándares de calidad y cumplimiento que le otorgaron reconocimiento dentro del mercado del real estate.
Fuentes vinculadas al ámbito empresarial sostienen que el caso Rilla debe ser un llamado de atención sobre la importancia de la gobernanza corporativa y la transparencia interna, en un entorno donde las inversiones cruzan fronteras y dependen cada vez más de la confianza institucional. Las empresas que operan en mercados binacionales están obligadas a fortalecer sus mecanismos de control y auditoría para evitar que irregularidades individuales comprometan la reputación colectiva.
En paralelo, el episodio deja ver una problemática más amplia: la judicialización de las disputas societarias y su impacto en la estabilidad de sectores estratégicos. Cuando las diferencias entre socios derivan en imputaciones penales, los efectos trascienden el ámbito privado y repercuten en la percepción de seguridad jurídica, un factor clave para la atracción de capital extranjero. El caso Rilla está hoy en manos de la justicia. Será allí, y no en los medios ni en el debate público, donde deberán probarse las acusaciones y determinarse responsabilidades. Pero los hechos ya ofrecen una enseñanza evidente: en economías que buscan consolidarse como polos de inversión, la transparencia empresarial y la conducta ética no son simples virtudes, sino condiciones imprescindibles para el desarrollo.
