Durante décadas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) operaron en Paraguay bajo un esquema de autonomía casi absoluta, manejando fondos millonarios, influyendo en políticas públicas y moldeando discursos sociales sin rendir cuentas ante nadie. Se presentaban como “sociedad civil”, pero muchas actuaban con financiamiento extranjero, objetivos políticos encubiertos y un impacto directo sobre la vida nacional.
El Decreto 4806/2025, que reglamenta la Ley 7363/2024 “De Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de las OSFL”, marca un antes y un después en esta historia. Por primera vez, el Estado paraguayo exige a las organizaciones sin fines de lucro registrarse, rendir cuentas y exponer públicamente el origen y destino de sus fondos. Y eso, más allá de lo administrativo, significa recuperar soberanía.
Porque detrás del lenguaje amable de “proyectos sociales”, “incidencia pública” o “cooperación internacional”, se escondió muchas veces una realidad incómoda: ONG que funcionaron como brazos ideológicos de potencias extranjeras o fundaciones privadas con intereses concretos en las decisiones del país. Algunas influyeron en áreas tan sensibles como educación, género, medio ambiente o derechos humanos, empujando agendas importadas que poco tenían que ver con las prioridades del pueblo paraguayo.
El Estado miró hacia otro lado por años. Las ONG gozaron de “cancha libre”: no rendían cuentas, no tributaban, no se sometían a auditorías públicas, y aun así intervenían en políticas oficiales, firmaban convenios con ministerios, recibían fondos internacionales y moldeaban narrativas mediáticas.
El nuevo decreto rompe con ese paradigma. Exige registro, transparencia activa y control interinstitucional, algo elemental en cualquier democracia que pretenda protegerse de la manipulación externa. Las reglas son simples: quien quiera participar de la vida pública, influir en decisiones nacionales o recibir dinero de afuera, debe hacerlo con transparencia y bajo la ley.
Los críticos hablan de “restricciones” o “control político”. Pero lo que realmente molesta a ciertos sectores es que se termina la impunidad institucionalizada. El Estado ya no se limita a ser un espectador pasivo de cómo actores no electos, sostenidos por financistas internacionales, condicionan la agenda interna.
Lo que se inicia con este decreto no es una persecución, sino un ordenamiento necesario. No hay democracia sólida sin control, ni soberanía que resista sin transparencia. Paraguay, con esta medida, da un paso hacia la madurez institucional, poniendo fin a la opacidad de un sistema donde todos hablaban de rendición de cuentas, menos quienes vivían de los fondos “para la sociedad civil”.
Las ONG seguirán existiendo, como debe ser en una república libre. Pero desde ahora, lo harán a la luz del día, con las mismas reglas que se exigen a cualquier otro actor público o privado.
El tiempo de la “cancha libre” terminó. Y con ello, empieza una nueva etapa en la defensa de la soberanía y la transparencia nacional.
