La dictadura venezolana ha consolidado una nueva fase de su política exterior basada en la llamada “diplomacia de los rehenes”, una práctica que utiliza la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros como herramienta de presión y negociación con otros gobiernos.
De acuerdo con el Foro Penal, organización venezolana de derechos humanos que documenta la represión estatal, el régimen de Nicolás Maduro mantiene actualmente a 97 presos extranjeros bajo diversas figuras judiciales sin el debido proceso legal. Esta cifra convierte al chavismo en la organización terrorista con más rehenes extranjeros del mundo, superando incluso a grupos como Hamás, que recientemente liberó a los últimos cautivos tras el acuerdo de cese del fuego en Gaza.
El Foro Penal —constituido como una asociación civil con presencia en todos los estados de Venezuela— surgió como respuesta a la represión sistemática ejercida por el Estado contra ciudadanos disidentes u opositores. La entidad, encabezada por una Junta Directiva y un Director Presidente, ha denunciado de forma reiterada que el terrorismo de Estado aplicado por el chavismo no se limita al ámbito interno, sino que forma parte de una estrategia internacional de extorsión política.
Según sus registros, el uso de rehenes por parte del régimen tiene como objetivo forzar concesiones diplomáticas, obtener el levantamiento de sanciones o intercambios favorables en el plano político. Esta táctica —denuncian— viola flagrantemente los tratados internacionales sobre derechos humanos y protección de personas detenidas.
La práctica, que comenzó como un mecanismo de control interno para silenciar la disidencia, se ha transformado en una herramienta de negociación exterior, replicando esquemas propios de regímenes totalitarios y grupos terroristas. “El terrorismo de Estado que lleva adelante el régimen venezolano afecta a todos”, advierten desde Foro Penal, subrayando el impacto regional de esta política.
La situación coloca a Venezuela en una posición de aislamiento diplomático creciente, y pone en evidencia la instrumentalización de la justicia y el aparato represivo como medios de chantaje político, con víctimas que hoy trascienden las fronteras nacionales venezolanas.
