La República del Paraguay expresó oficialmente su rechazo a la propuesta de establecer un impuesto global al carbono mediante aranceles universales a la navegación marítima, actualmente en estudio en la Organización Marítima Internacional (OMI). El país advirtió que esta medida afectaría directamente su competitividad comercial, al encarecer los costos logísticos de sus exportaciones y profundizar las asimetrías económicas entre naciones desarrolladas y en desarrollo.
En la reunión plenaria del Comité de Protección de Medios Marinos, la representación paraguaya argumentó que el impuesto contraviene el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y genera ventajas artificiales para los países más cercanos a los grandes centros de consumo, mientras penaliza a los productores alejados geográficamente, como Paraguay, que depende de extensas rutas fluviales y marítimas para acceder a los mercados internacionales.
La política exterior paraguaya en materia de navegación está orientada hacia la eficiencia y la facilitación del comercio, por lo que el país instó a establecer medidas de cooperación e incentivos, en lugar de enfoques punitivos que no contemplan la realidad económica y logística de los Países en Desarrollo Sin Litoral.
La posición paraguaya generó repercusiones internacionales. El exembajador de Estados Unidos en México y actual subsecretario de Estado adjunto, Christopher Landau, respaldó públicamente la decisión mediante un mensaje en redes sociales:
“¡Gracias querido Paraguay, donde aún prevalece el sentido común! No les corresponde a organismos internacionales imponer impuestos a los ciudadanos ni a las empresas de las naciones soberanas del mundo.”
