El proyecto de ley que busca crear el Programa Nacional de Reproducción Asistida (Pronara) abre un debate que no puede reducirse a la legítima aspiración de muchas parejas de formar una familia. La iniciativa plantea interrogantes de orden ético, legal y práctico que merecen una discusión más amplia y responsable, especialmente porque se propone financiar la fecundación in vitro (FIV) con recursos del Estado.
El primer punto a considerar es el de las prioridades en salud pública. Los hospitales y centros de salud atraviesan carencias estructurales, históricas que precisasn de tiempo y recursos para ser solucionados. En este contexto, destinar fondos significativos a un programa costoso y con bajos porcentajes de éxito plantea una legítima duda sobre el uso más eficaz de los recursos públicos.
En el plano ético y científico, la FIV no está exenta de cuestionamientos. Cada ciclo implica la creación de varios embriones, de los cuales una parte es descartada, congelada o utilizada con fines de investigación. La ciencia reconoce que la vida comienza en la concepción, lo que convierte al descarte de embriones en un problema moral difícil de obviar. Además, la Constitución Nacional, en su artículo 4, protege la vida desde la concepción, lo que abre un debate jurídico relevante sobre la constitucionalidad del proyecto.
Existen también datos prácticos que llaman a la cautela: en España, por ejemplo, en 2021 se iniciaron más de 165 mil ciclos de FIV, de los cuales apenas uno de cada cinco culminó en un nacimiento. Al mismo tiempo, casi 800 mil embriones permanecen congelados, muchos de ellos sin destino claro. En Paraguay, ni siquiera se cuenta con estadísticas oficiales ni un marco normativo que regule la práctica privada de la FIV.
Por todo ello, más que una ley que amplíe la reproducción asistida, parece necesario primero establecer controles, recabar información confiable y abrir un debate social que considere tanto los avances científicos como los límites éticos y legales. Asimismo, se deberían analizar alternativas más humanas y respetuosas, como la Naprotecnología o el Método Creighton, que ofrecen opciones para acompañar la fertilidad sin incurrir en la eliminación de embriones.
En definitiva, la discusión sobre Pronara no debería darse a la ligera. Implica mucho más que una política sanitaria: toca la definición misma de cómo concebimos la vida, la justicia en el uso de recursos públicos y el sentido ético de las decisiones colectivas.
