Las últimas elecciones en Bolivia dejaron algo en claro: los candidatos no comprenden los elementos que nos convertirían en un país civilizado.
El show electoral que ponen en escena los políticos bolivianos, que tiene mucho de fiesta popular, empieza escogiendo un candidato con «carisma»; continúa con un discurso victimista; sigue con ofertas irrealizables, por ejemplo, bonos hasta por respirar, y finaliza culpando a los otros de todos los males. Esta especie de película repetida, con una monotonía alarmante, movería a la carcajada si no fuera una estampa dramática, un escenario digno de Woody Allen, una tragicomedia. Son muy pocos los que zafan de una situación muchas veces bienintencionada. Tristemente, la opinión pública se hace partícipe de este circo, pues años de pésima educación y adoctrinamiento han arrastrado a las grandes masas al abismo del estatismo.
Pero acá es válida la pregunta: ¿qué cosas se deberían debatir?
Primero, el sistema de jubilaciones. No hay que ser actuario ni experto en matemáticas financieras para saber que la dictadura boliviana nos ha dejado sin jubilaciones. Son hasta burlescas las explicaciones para las miserables rentas que reciben los trabajadores pasivos, le cuento una, en Bolivia la gente vive hasta cerca de los 120 años.
Segundo, los salarios no se elevan por decreto, ya que, de ser así, bastaría un mandato gubernamental para hacernos millonarios a todos. Los salarios e ingresos en términos reales derivan exclusivamente de las tasas de capitalización, es decir, de inversiones en maquinarias, herramientas, tecnologías, equipos y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. ¿Queremos mejores ingresos? Sencillo, necesitamos más capitalistas y menos sindicatos.
Tercero, quitarle al Estado la capacidad de manipular la moneda. De ahí, mi machacona insistencia de dolarizar Bolivia. No se reduce a una cuestión crematística, sino que es algo mucho más grande: es frenar la posibilidad de que el gobierno nos robe con inflación.
Cuarto, reducir al mínimo los gastos estatales en publicidad, porque lo único que consiguieron fue convertir a los medios de comunicación en adictos a la pauta oficial. Además, pone en peligro la libertad de expresión.
Quinto, cerrar todas las empresas estatales, pero no por, exclusivamente, reducir el déficit fiscal, que es muy importante hacerlo, sino porque toda empresa estatal, no importa del rubro que sea, es inmoral, ya que se financia de manera coactiva con recursos de terceros. Se lo pongo en sencillo, es como que yo tome los ahorros de mi vecino para apostarlos en el casino. Y acá no sirve el romanticismo con grandes elefantes blancos como la COMIBOL, porque, básicamente, fueron entidades, primero deficitarias, y segundo, inmorales.
Sexto, acá voy a ser más radical: cerrar las aduanas, pues los aranceles no protegen la industria nacional, sino que encarecen los productos importados, haciéndolos inalcanzables para los consumidores locales. Los aranceles son malos, punto.
Séptimo, modificar el sistema educativo, pero una reforma profunda que priorice tres cosas: 1) educación financiera, 2) educación cívica y 3) ciencia y tecnología. Ya basta de repetir los eternos cuentos de una Bolivia rica por tener recursos naturales, o de un país rico habitado por ciudadanos pobres. Las siguientes generaciones deben comprender algo vital: la libertad es la verdadera riqueza de las naciones.
Octavo, instrumentar la competencia fiscal entre departamentos. Cada región debe ser capaz de administrar su recaudación tributaria. Es hora de terminar con la idea de que el progreso depende de un Estado dispensando recursos a gobernaciones y municipios. Sin un gobierno central que reparta plata, los departamentos más atrasados, como Chuquisaca, por citar un caso, se esforzarían por tener una política tributaria que les garantice la mayor cantidad de inversiones y capitales. Bajo esta modalidad, nadie le debe nada a nadie.
