El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmaron ayer un acuerdo migratorio bajo el modelo de “Tercer País Seguro”, una figura que ya ha sido utilizada por Washington con otras naciones para regular el ingreso de solicitantes de asilo.
Este tipo de acuerdos establece que toda persona que pase por el territorio del tercer país (en este caso, Paraguay) antes de llegar a Estados Unidos deberá solicitar asilo en ese país de tránsito y no podrá hacerlo en EE.UU. Aunque en teoría se presenta como un mecanismo de cooperación en materia migratoria y de protección internacional, en la práctica traslada la responsabilidad de atender a los solicitantes de refugio al socio firmante.
Cómo funciona el acuerdo
En términos generales, el procedimiento es el siguiente:
- Un solicitante de asilo que pasa por Paraguay en su ruta hacia EE.UU. estará obligado a presentar allí su solicitud de protección.
- Si llega a EE.UU. sin haber pedido asilo en Paraguay, podrá ser rechazado y devuelto a territorio paraguayo para que inicie el trámite.
- Solo se aplicarán excepciones en casos especiales, como menores no acompañados, personas con familiares directos en EE.UU. o riesgos específicos en el país de tránsito.

Este mecanismo descarga sobre Paraguay la obligación de procesar solicitudes, brindar alojamiento temporal, garantizar seguridad y, en algunos casos, integrar a los solicitantes al tejido social, independientemente de que el país tenga o no la infraestructura y los recursos para hacerlo.
Estados Unidos mantiene acuerdos similares con países como Canadá y tuvo pactos con Guatemala, Honduras y El Salvador. En el caso guatemalteco (2019), la mayoría de los solicitantes enviados por EE.UU. no querían permanecer en Guatemala, lo que provocó abandono masivo de procesos de asilo y saturación de un sistema ya limitado. Organismos internacionales advirtieron que esta política redujo la carga migratoria para EE.UU., pero incrementó los problemas sociales y humanitarios en el país socio.
Más allá de los discursos oficiales sobre cooperación y responsabilidad compartida, el principal favorecido por estos acuerdos es Estados Unidos. Al obligar a los solicitantes a detener su proceso en el tercer país seguro, Washington reduce el número de casos que debe procesar, evita saturar su sistema migratorio y mantiene el control sobre quién ingresa a su territorio.
Este nuevo acuerdo, firmado ayer por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, plantea un protagonismo evidente del país norteamericano en la gestión de los flujos migratorios. Aunque Paraguay avanza en cooperación bilateral, resulta claro que este tipo de pactos favorece exclusivamente a EE.UU., al elevar la responsabilidad de recibir, gestionar y proteger a los aspirantes a refugio hacia terceros países. En la práctica, esto descarga la carga humanitaria sobre naciones con menor capacidad institucional, transformando a Paraguay en receptor de situaciones migratorias complejas, mientras EE.UU. mantiene intacta, incluso refuerza, su prioridad como destino final.