La Comisión Europea publicó su informe anual sobre el Estado de Derecho y volvió a mostrar su doble vara. Mientras acusa y hostiga a gobiernos que no se alinean con la agenda izquierdista-globalista, como el de Hungría o el anterior de Polonia, cierra los ojos ante violaciones flagrantes en países “aliados” como la Polonia de Tusk o la Ucrania de Zelenski.
En Polonia, el informe avala lo que llama “restauración del Estado de Derecho” mediante métodos que violan la Constitución, la ley y hasta constituyen delitos graves: destituciones ilegales de jueces y autoridades judiciales, recorte de presupuestos para paralizar tribunales, bloqueo de sentencias, manipulación de estadísticas y control político de la fiscalía. Todo esto, ignorado o incluso aplaudido por Bruselas.
En Ucrania, la Comisión mira para otro lado ante crímenes contra su propia población, reubicaciones forzadas —que han costado vidas—, persecución a minorías como la húngara en Transcarpatia y violaciones sistemáticas de su propia Constitución. Lejos de exigir reformas, la UE acelera su ingreso al bloque y hasta tolera injerencia ucraniana en política interna de Estados miembros.
El capítulo sobre medios es un escándalo aparte: la Comisión respalda la toma ilegal y violenta de medios públicos en Polonia, llama “pluralismo” a la propaganda oficialista y omite la censura, el chantaje a periodistas y la persecución a medios conservadores.
En resumen, el “Estado de Derecho” según Bruselas ya no es un principio jurídico, sino un arma ideológica para castigar a los gobiernos que dicen no a la migración masiva, la ideología de género, la guerra y el suicidio político que sería admitir a Ucrania sin condiciones.
