El grupo por los derechos digitales ARTICLE 19 instó al gobierno español a realizar una evaluación independiente e inmediata sobre el impacto en derechos humanos del reciente contrato adjudicado a Huawei, y a suspender cualquier colaboración mientras tanto.
Según reveló The Objective este mes, el gobierno de España adjudicó un contrato de 12,3 millones de euros a la empresa china para el almacenamiento de escuchas telefónicas judicialmente autorizadas, utilizadas por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.
El Ministerio del Interior defendió la operación afirmando que el acuerdo “cumple con las normativas de ciberseguridad establecidas por el Centro Criptológico Nacional” y que la adjudicación “no implica ningún riesgo de seguridad”, declaraciones recogidas por POLITICO.
Sin embargo, la decisión provocó advertencias de funcionarios y analistas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, quienes alertaron sobre riesgos potenciales para la seguridad nacional y la protección de información sensible en manos de una empresa que ha estado bajo el escrutinio internacional por sus presuntos vínculos con el gobierno chino.
