El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) resolvió validar al Consorcio Paraguay Democrático, único oferente que superó la evaluación técnica para proveer las nuevas máquinas de votación electrónica. Lo que genera alarma es que dicho consorcio está integrado por Smartmatic, una empresa internacional ampliamente cuestionada por su rol en procesos electorales en diversos países, y vinculada a estructuras políticas y financieras ligadas al magnate George Soros.
La decisión del TSJE se da en medio de una creciente preocupación ciudadana e institucional por el uso de tecnología electoral sin los debidos resguardos de transparencia e imparcialidad. El historial de Smartmatic incluye múltiples controversias internacionales que han encendido las alarmas sobre su fiabilidad y neutralidad.
Smartmatic adquirió Sequoia Voting Systems, una empresa que operaba en EE.UU., y esto generó inquietud en el Congreso estadounidense. Las autoridades norteamericanas solicitaron una investigación al Comité de Inversiones Extranjeras (CFIUS) por la estructura accionaria opaca de la compañía, con posibles vínculos con el régimen de Hugo Chávez, en Venezuela. Según reportes de NPR y Washingtonian, la preocupación radicaba en que la tecnología de votación podría estar sujeta a influencias extranjeras con fines políticos.
Sospechas
En las elecciones locales de Chicago (2006) y el Condado de Cook, surgieron múltiples denuncias sobre fallas técnicas de las máquinas de votación adquiridas a Sequoia, propiedad de Smartmatic en ese momento. Estos incidentes generaron sospechas sobre intentos de manipulación del proceso electoral.
Organizaciones civiles en Filipinas denunciaron durante las elecciones de 2010 en adelante fallos de transparencia, errores técnicos y la eliminación de firmas digitales, comprometiendo la validez del sistema electoral. Las dudas sobre la integridad de los resultados afectaron la confianza ciudadana, según publicaciones del Malawi Freedom Network.
Entre 2015 y 2018, tres ejecutivos de Smartmatic enfrentaron cargos federales en Estados Unidos por presuntos sobornos de más de un millón de dólares a miembros de la Comisión Electoral filipina, para asegurar contratos. Si bien la empresa como tal no fue imputada, el caso dejó un manto de sospecha sobre sus prácticas comerciales.
A todo esto, se suma la vinculación de Smartmatic con el financista internacional George Soros, señalado por múltiples actores políticos como promotor de agendas ideológicas globalistas. Esta conexión despierta fuertes críticas entre sectores que reclaman mayor soberanía institucional y electoral, especialmente en países en desarrollo como Paraguay.
La validación de Smartmatic por parte del TSJE no puede leerse como una simple adjudicación técnica. Es una decisión que podría poner en jaque la credibilidad del sistema electoral paraguayo. En una democracia, el voto electrónico no solo debe ser seguro, sino también confiable, auditable y libre de intereses extranjeros.
El TSJE tiene ahora la responsabilidad histórica de garantizar elecciones limpias, transparentes y libres de sospechas. La ciudadanía paraguaya merece garantías plenas sobre la tecnología que será utilizada para elegir a sus representantes.
