En un contexto internacional marcado por la presión ideológica de organismos multilaterales y ONGs ambientalistas, el Paraguay enfrenta hoy una amenaza que pone en jaque su soberanía productiva: la propuesta de implementar un impuesto al carbono. Esta iniciativa, que algunos sectores buscan introducir como una supuesta respuesta al cambio climático, no solo es innecesaria para nuestro país, sino también profundamente injusta y perjudicial.
Paraguay aporta apenas el 0,1% de las emisiones globales de CO₂, una cifra insignificante incluso a escala regional. Más aún, gran parte de nuestro territorio está cubierto de áreas verdes, pasturas y suelos agrícolas que actúan como sumideros naturales de carbono, absorbiendo más de los que emitimos. En este escenario, pretender aplicar un gravamen ambiental sobre la producción nacional carece de lógica científica y de sentido común.
Además, el sector agropecuario paraguayo es parte de la solución, no del problema. Lejos de ser un enemigo del medioambiente, el campo es un aliado estratégico del desarrollo sostenible: produce alimentos, emplea tecnologías de conservación del suelo, promueve prácticas de agricultura regenerativa y mantiene sistemas productivos con baja huella ecológica. Penalizarlo con más impuestos equivale a castigar al único motor real de crecimiento económico y desarrollo territorial del país.
Los perjuicios serían múltiples: aumento del costo de vida, caída de la competitividad internacional, desincentivo a la inversión, y una peligrosa tendencia hacia la informalidad. Peor aún: se daría paso a una agenda externa que nada tiene que ver con la realidad paraguaya y que responde más a los intereses de los países industrializados que a los de nuestras comunidades rurales.
Aceptar este tipo de medidas sería ceder soberanía en nombre de una corrección política disfrazada de ambientalismo. No debemos caer en la trampa. El desarrollo sostenible no se construye con castigos injustos ni con doctrinas foráneas impuestas desde despachos lejanos, sino con políticas que entiendan nuestro contexto, respeten nuestra realidad productiva y promuevan el progreso genuino.
Confiamos en que el gobierno continuará actuando con responsabilidad, resistiendo influencias externas y priorizando el bienestar del país y su ciudadanía.
