En medio del caos judicial que ha generado el escándalo de la llamada «Mafia de los pagarés», la ciudadanía sigue esperando una respuesta seria y contundente por parte del Ministerio Público. Sin embargo, lo que encuentra es una realidad preocupante: tribunales paralizados, deudores atrapados en un limbo legal, y una Fiscalía más ocupada en imputar al voleo que en identificar a los verdaderos responsables del fraude masivo.
La actuación del Ministerio Público ha sido, por decir lo menos, desprolija y superficial. Se han imputado abogados en masa, en algunos casos con fundamentos tan endebles que rozan lo absurdo, mientras que otras causas, con pruebas sólidas y delitos evidentes, ni siquiera han sido tocadas. Esta disparidad en el enfoque alimenta la impunidad y revela una alarmante falta de dirección en la investigación.
La fiscal Belinda Bobadilla parece haberse limitado a una actuación mecánica: repartir imputaciones sin el más mínimo análisis profundo. El resultado es un sistema judicial atascado, una ciudadanía desesperada, y una estructura mafiosa que sigue operando con total impunidad poniendo en riesgo todo el sistema crediticio.
Y mientras tanto, las preguntas clave siguen sin respuesta. ¿Dónde están los imputados por doble cobro? ¿Y los que iniciaron demandas simultáneas en distintos juzgados para ahogar al mismo deudor? ¿Quién investiga a los responsables de asociaciones que aplicaban descuentos fraudulentos o que descontaban de los salarios sin rendir cuentas? Nadie. Absolutamente nadie. Y todo esto ocurre frente a cientos de miles de expedientes que se acumulan en los Juzgados de Paz como una bomba de tiempo social y económica.
Lo que hoy vemos no es justicia, es una parodia peligrosa. Si el Ministerio Público no se decide a actuar con firmeza y claridad, si no se sacude la modorra institucional y va al fondo de este esquema criminal, entonces se convierte en cómplice por omisión.
La gente no necesita una Fiscalía que haga titulares fáciles. Necesita una que proteja sus derechos, que investigue con seriedad y que castigue a quienes construyeron un modelo de extorsión financiera sobre el dolor y la desesperación del pueblo trabajador. Y eso, lamentablemente, aún está por verse.