Con el objetivo de reducir el histórico déficit de acceso formal a la tierra, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) llevó a cabo un Seminario Internacional enfocado en los desafíos del desarrollo rural y el crecimiento económico a partir de la titulación masiva de inmuebles rurales. El evento contó con la presencia de su presidente, Francisco Ruiz Díaz, y la participación destacada del economista ecuatoriano Carlos Ludeña, especialista en economía agrícola.
Durante su intervención, Ludeña valoró el esfuerzo del Gobierno paraguayo en avanzar con un proceso que calificó de “fundamental” para el desarrollo estructural del país. “Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM)”, expresó el experto.
Actualmente, el Indert registra alrededor de 130.000 inmuebles sin título formal, situación que afecta directamente al desarrollo del campo paraguayo. Frente a esto, el gobierno de Santiago Peña se ha propuesto como meta regularizar al menos 50.000 títulos durante su actual mandato. El cambio de enfoque institucional y la implementación del BPM han sido claves: de 900 títulos por año en administraciones anteriores, se ha pasado a más de 9.000 títulos otorgados en el último año.
Según Ludeña, la formalización de la tierra no solo significa seguridad jurídica, sino que es el punto de partida para generar una serie de impactos positivos en el ámbito económico y social. “Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios”, explicó.
El especialista señaló que en países donde se han aplicado procesos similares, la productividad aumentó entre el 40% y el 80%, especialmente en sectores de agricultura familiar campesina. Asimismo, destacó que la titularización mejora el acceso al crédito, no solo en términos de volumen, sino también en condiciones: con tasas de interés más bajas y sin necesidad de recurrir a mecanismos informales de financiación.
Otro de los beneficios mencionados es la posibilidad de inversión y mejora en el manejo ambiental del inmueble, factores estrechamente vinculados con la estabilidad en la tenencia de la tierra. “Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones”, añadió Ludeña.
Finalmente, recordó que, en más de 80 años de Reforma Agraria en Paraguay, apenas se ha titulado el 5% de los lotes adjudicados, lo que demuestra la magnitud del desafío asumido por la actual administración. De mantenerse este ritmo, el país podría dar un paso histórico hacia un modelo de desarrollo rural basado en la seguridad jurídica, el acceso al capital productivo y la equidad en el campo.
