Este jueves, un juez federal autorizó a la Administración Trump a avanzar con una nueva normativa que exige el registro obligatorio de todas las personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos ante el Gobierno federal.
El juez Trevor Neil McFadden respaldó la medida, que entrará en vigor este viernes 11 de abril de 2025, y que fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La disposición establece que quienes no se registren podrán enfrentar multas o incluso cargos penales, ya que la omisión será considerada un delito. Además, los inmigrantes deberán portar siempre los documentos que acrediten su registro, bajo pena de sanciones económicas y cárcel.
La obligación se aplicará a todos los mayores de 14 años que no cuenten con estatus legal en el país. El proceso de registro requerirá la toma de huellas dactilares y la presentación de un domicilio, mientras que en el caso de los menores de 14 años, padres o tutores deberán garantizar su inclusión en el sistema.
En su fallo, el juez McFadden precisó que la nueva normativa permite el uso del formulario G-325R como mecanismo oficial para cumplir con los requisitos establecidos por el estatuto y las regulaciones vigentes. Según argumentaron los demandantes, la medida extiende el registro a personas que no participan en programas de inmigración previos, lo que ha generado cuestionamientos. Aun así, la Regla Final Provisional será implementada tal como fue anunciada.
La normativa también se aplicará a ciudadanos canadienses que permanezcan más de 30 días en territorio estadounidense.
Tras conocerse el fallo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, emitió un comunicado contundente:
“El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora. Si lo hacen, tal vez tengan la oportunidad de regresar en el futuro, disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano.”