El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció enérgicamente ante el supuesto hackeo realizado por el gobierno brasileño al sistema estatal paraguayo, revelado por medios del vecino país. Durante la sesión de este martes, Latorre advirtió que Paraguay no puede permanecer en silencio ante lo que podría ser un grave caso de espionaje internacional, y exigió medidas concretas para esclarecer los hechos y robustecer la seguridad nacional.
Latorre instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar explicaciones formales al gobierno de Brasil, afirmando que el país necesita una respuesta clara y contundente sobre lo sucedido. «No basta con atribuirlo a un gobierno anterior. Se trata de una cuestión de Estado que debe abordarse con seriedad y bajo una política de largo plazo», expresó el legislador.
Asimismo, el diputado pidió que el gobierno impulse una investigación independiente con el respaldo de naciones aliadas que cuenten con experiencia en inteligencia y ciberseguridad, tales como Estados Unidos e Israel. Sostuvo que Paraguay no puede depender únicamente de las explicaciones externas para comprender el alcance de la situación y que debe actuar con responsabilidad para proteger su soberanía.
El parlamentario también resaltó la urgente necesidad de reforzar las capacidades nacionales en ciberseguridad, subrayando que el país continúa siendo vulnerable a ataques informáticos. Recordó que Paraguay ya sufrió un ciberataque desde China y que ahora enfrenta un nuevo riesgo con Brasil. «No podemos seguir expuestos. Debemos aspirar a defender nuestro ciberespacio con nuestras propias capacidades, porque en él no solo está el futuro, sino el presente de nuestra seguridad, economía e información estatal», enfatizó Latorre.
Además, el legislador destacó la importancia de fortalecer la defensa contra las amenazas digitales y el crimen organizado, insistiendo en que la soberanía del país no puede verse comprometida por la falta de preparación ante los desafíos actuales. La situación exige una postura firme y medidas concretas que aseguren la protección de la información estatal y la integridad de los sistemas nacionales.
