El Instituto Interamericano para la Democracia acaba de publicar el libro: Bolivia, ¿Estado terrorista? Amenaza a las Américas, autoría de Grover Colque Lucana. El trabajo, por cierto, muy bien elaborado, documenta la presencia de yihadistas en Bolivia, en el Chapare concretamente. Estos grupos, que cuentan con el apoyo de las FARC, militares venezolanos y agentes cubanos, han formado centros de instrucción muy similares a los de Hezbollah. El currículo se divide en cuatro fases:
- Reclutamiento de jóvenes, principalmente, hijos de cocaleros radicados en la zona.
- Ideologización, que incluye material indigenista, oratoria, técnicas guerrilleras y cultura islámica.
- Entrenamiento en la movilización de masas y organización de cuadros subversivos.
- Radicalización violenta, que vendría a ser la puesta en práctica de los tres pasos anteriores.
Empero, los radicales islámicos no son los únicos enajenados y violentos operando en Bolivia. Organismos de seguridad de nuestros países vecinos han informado que en el país las FARC, el PCC, los cárteles mexicanos y, el muy temido, Tren de Aragua han establecido una red delictiva internacional.
Respecto al Tren de Aragua, una investigación del Ministerio Público de Chile reveló que Arica se había convertido en un centro de operaciones de la pandilla venezolana desde donde exportaban sus fechorías a Perú y Bolivia. Las autoridades detectaron y ubicaron sitios clandestinos utilizados para torturar a sus víctimas, incluidos algunos de sus propios miembros, así como prostíbulos donde se explotaba sexualmente a mujeres, incluso menores de edad, en condiciones de esclavitud.
Sobre el tema, Douglas Farah, experto en Crimen Organizado, en una entrevista a www.infobae.com, explica que:
Los datos demuestran una estructura internacional innovadora, que recibe un apoyo significativo de actores de importancia dentro régimen de Maduro en Venezuela y opera explotando las vulnerabilidades de la diáspora venezolana en el hemisferio, no como cartel de drogas, sino como depredador, parasitario incluso como árbitro de todas las actividades ilícitas en las zonas que controla territorialmente, permitiéndole acceder a ingresos provenientes del secuestro, la extorsión, la prostitución, la trata de personas y el lavado de dinero, la minería ilegal, las operaciones criminales a demanda, así como del tráfico de cocaína y drogas sintéticas.
La función del Tren de Aragua para la dictadura venezolana puede describirse como una invasión de bajo costo que el régimen, apoyado por China, Rusia e Irán, usa para desestabilizar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, la estabilidad económica, la seguridad de las naciones y la influencia de Estados Unidos en la región.
Estas alianzas tienen lugar en un territorio difuso, donde la corrupción, la criminalidad y el autoritarismo cohabitan motivados por la altísima rentabilidad de los negocios ilícitos que benefician a los pandilleros y sus padrinos, los altos mandos de la dictadura, y por la capacidad de estos grupos de servir como fuerzas de choque contra opositores dentro y fuera de Venezuela, como lo demuestra el asesinato de Ronald Ojeda, militar y disidente venezolano radicado en Chile.
Que el gobierno de Bolivia niegue, permanentemente, la presencia del Tren de Aragua en el país es una muestra de su sometimiento al régimen venezolano, pues es sabido que Maduro garantizó toda la logística necesaria para facilitar su expansión en toda la región. La presencia de yihadistas y el Tren de Aragua en territorio boliviano es una prueba de que la delincuencia trasnacional y la violencia religiosa pueden ser fenómenos complementarios. En conclusión, Bolivia es un país de plurinacionalismo terrorista.
