Mientras el Club Centenario intenta cerrar el caso con un tibio comunicado y el sistema judicial sigue sin actuar, la identidad del presunto abusador ya es vox populi. Diversos testigos han señalado a una persona identificada con las iniciales A.S., un destacado empresario financiero con formación en The Ohio State University y en The Max M. Fisher College of Business, además de ser integrante de la International Alumni Association.
A pesar de la gravedad del hecho, ni el Club Centenario ni sus autoridades han promovido una denuncia penal, lo que constituye un acto de omisión inaceptable. En su comunicado, el club reconoció la existencia de los hechos, pero en lugar de exigir justicia, se limitó a pedir respeto por la privacidad de las víctimas, sin asumir la obligación legal de denunciar el caso ante las autoridades.
Celina Lezcano, exministra de la Mujer, socia del club y candidata a vocal en las próximas elecciones, también ha optado por el silencio cómplice. Su declaración de que «el Club Centenario ya sacó un comunicado y la Junta Directiva ya está al tanto» demuestra una falta de compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas a un debido proceso.
Lo que tanto Lezcano como la Junta Directiva parecen olvidar es que el Código Penal Paraguayo, en su artículo 240, establece que cualquier persona o institución que tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública, como el abuso sexual, debe denunciarlo de inmediato. No hacerlo es un delito que puede ser castigado con hasta dos años de prisión o multa.
El abuso sexual no es un asunto privado que pueda resolverse con un simple “proceso institucional”. Se trata de un crimen que el Estado debe perseguir de oficio, sin depender de la voluntad del club o de sus socios. La omisión de denuncia no solo protege al agresor, sino que perpetúa la impunidad y el abandono de las víctimas. Mientras el Club Centenario y la justicia sigan sin actuar, el mensaje es claro: en ciertos círculos de poder, la ley se aplica según la conveniencia de los involucrados.
