La empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC), encargada de la construcción del cierre del Anillo de Transmisión de 500 kilovoltios en Uruguay, ha sido denunciada penalmente por presuntas irregularidades laborales, condiciones de trabajo inhumanas y la muerte de un trabajador. La denuncia fue presentada ante la fiscalía general de la Nación por el Sindicato Único Nacional de Construcción y Anexos (Sunca), luego de que un accidente de tránsito cobrara la vida de un empleado de la compañía.
CMEC, que trabaja en este proyecto en conjunto con la empresa estatal de suministro eléctrico UTE, tiene bajo su responsabilidad la construcción de 365 kilómetros de líneas de transmisión en el norte del país. La obra, que abarca los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú y Cerro Largo, emplea a aproximadamente 700 trabajadores, de los cuales 200 son uruguayos y el resto extranjeros, principalmente chinos y ecuatorianos.
El detonante de la denuncia fue un accidente ocurrido el viernes 7 de febrero, cuando una camioneta en la que viajaban siete trabajadores chinos volcó, dejando varios heridos de gravedad. Al día siguiente, Jun Sheng, de 53 años, falleció pese a los esfuerzos médicos para salvarle la vida. Otros seis trabajadores continúan hospitalizados en Paso de los Toros y Tacuarembó.
Tras el trágico episodio, el sindicato convocó a un paro parcial para el martes 11 en señal de protesta y solidaridad con la familia de la víctima. En un comunicado, Sunca expresó su preocupación por las condiciones laborales en la empresa china y reiteró su llamado a un diálogo nacional sobre seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, exigió la aprobación de una ley específica sobre estos temas y la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales.
Según información publicada por el diario El Observador, la denuncia presentada ante la fiscalía incluye dos posibles delitos. El primero hace referencia a trabajo forzoso, basado en las condiciones de alojamiento a las que están sometidos los trabajadores extranjeros. El segundo señala que CMEC estaría violando la ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que obliga a las compañías a garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas.
Las irregularidades denunciadas no son nuevas. En agosto y septiembre del año pasado, la Inspección General de Trabajo clausuró tres dependencias de la empresa tras constatar que 80 trabajadores chinos y ecuatorianos dormían en condiciones que “atentaban contra la dignidad humana”. La denuncia presentada ahora amplía estos señalamientos, detallando que algunos empleados viven hacinados en contenedores con accesos precarios, expuestos a riesgos eléctricos y sin refrigeradores para conservar sus alimentos.
Entre los casos más alarmantes, el documento describe la situación de 20 hombres y tres mujeres que duermen en habitaciones improvisadas dentro de contenedores, sin protección contra caídas ni instalaciones adecuadas. Otro grupo de 16 hombres y una mujer ecuatorianos viven en una única habitación con seis camas, sin agua caliente ni insumos básicos de higiene. En tanto, otros 40 trabajadores chinos conviven en espacios insalubres, con agua estancada en los sanitarios y sin acceso a recipientes adecuados para la eliminación de residuos.
Las denuncias también incluyen irregularidades en el pago de salarios. En junio de 2024, un grupo de empleados fue informado de que su aguinaldo se les entregaría a través de una red de cobranzas en lugar del sistema estatal habitual. Según el sindicato, los trabajadores debían luego devolver ese dinero a su jefe de obra, lo que generó sospechas sobre posibles prácticas abusivas.
Otro aspecto señalado en la denuncia es la vulnerabilidad extrema de los empleados extranjeros, derivada de barreras idiomáticas, aislamiento y jornadas laborales extenuantes. Estos factores, según el sindicato, podrían ser indicios de una forma de explotación laboral que requiere una investigación urgente.
El acceso a alimentación también ha sido motivo de quejas. Un grupo de 16 trabajadores ecuatorianos reportó que carecían de refrigeración para almacenar sus alimentos y que en varias ocasiones pasaron hambre. La situación obligó a la organización de un acopio de emergencia para proveerles comida y agua potable, que hasta ese momento tampoco tenían asegurada.
El caso de CMEC en Uruguay ha generado preocupación tanto en el ámbito sindical como en el político, ya que evidencia posibles incumplimientos de normativas laborales y derechos humanos en una obra de gran envergadura financiada con recursos públicos. La investigación que ahora deberá llevar adelante la fiscalía determinará si la empresa china incurrió en delitos laborales y si se aplicarán sanciones en su contra. Mientras tanto, el sindicato insiste en que la situación debe marcar un precedente para fortalecer la legislación en materia de seguridad y derechos laborales en el país.
Reporte Asia
