La reciente investigación del periódico holandés De Telegraaf reveló una situación que pone en jaque la confianza de los ciudadanos europeos: la Unión Europea habría financiado, de manera confidencial, a grupos ecologistas para influir en políticas que afectan directamente al mundo rural. Este escándalo ha despertado indignación entre agricultores y ciudadanos que sienten que sus intereses han sido ignorados en favor de agendas poco transparentes.
Para José, un agricultor español de 58 años, las noticias fueron un balde de agua fría. “Nos hablan de sostenibilidad, pero no nos dicen que se negocian a espaldas nuestras cómo deben cambiar nuestras vidas”, comenta. La investigación revela que 700.000 euros fueron entregados a la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), entre otros grupos, con el objetivo de presionar a políticos y orientar las decisiones sobre políticas agrícolas hacia intereses específicos.
Estos fondos, destinados a guiar el debate sobre agricultura y sostenibilidad, provendrían de un fondo multimillonario para subsidios climáticos y ambientales. Según el informe, las organizaciones beneficiarias tenían como condición demostrar resultados concretos, como la adopción de legislaciones más estrictas en el Parlamento Europeo.
María, una joven agricultora de los Países Bajos, explica cómo estas políticas afectan su día a día: “Queremos cuidar el medio ambiente, pero las normas nos están asfixiando. Ahora no sé si confío en que estas decisiones sean realmente por el clima o por otros intereses”. Como ella, miles de agricultores europeos sienten que sus voces han sido silenciadas mientras los grupos de cabildeo moldean las normas desde las alturas.
El impacto de estas revelaciones sacudió los cimientos del Parlamento Europeo. “Esto es un golpe a nuestra democracia”, declaró Dirk Gotink, eurodiputado neerlandés, quien lidera una investigación sobre los contratos de subsidio otorgados en los últimos cinco años. “El lobby es necesario, pero no puede hacerse desde la sombra con fondos públicos y sin transparencia”, agregó Mohammed Chahim, otro legislador afectado por la indignación de los votantes.
Incluso el comisario europeo Piotr Serafin admitió que estos acuerdos “no eran apropiados” y que deberían tomarse medidas para evitar que las ONG actúen como brazos operativos de la Comisión.
Timmermans y las justificaciones oficiales
Frans Timmermans, excomisario responsable del Green Deal, ha negado cualquier participación directa en los contratos. “Nunca pedí a nadie que hiciera mi trabajo por mí”, afirmó. A pesar de ello, muchos cuestionan la falta de supervisión sobre los fondos distribuidos bajo su mandato.
Para Ángel, un viticultor de 63 años en Francia, estas explicaciones no son suficientes: “Nos piden esfuerzos sin fin, pero al final parece que somos peones en un juego que no controlamos”.
