La diputada Leidy Galeano, de Cruzada Nacional, impulsó un controvertido proyecto de ley que pretende criminalizar la protección de cultivos. Este proyecto, que modificaría el artículo 4º de la Ley Nº 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”, impondría penas de prisión de tres a ocho años o multas a quienes realicen fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos, fertilizantes y plaguicidas cerca de asentamientos humanos, escuelas y centros de salud, aspecto que ya se encuentra contemplado en la Ley 3472/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”. Los críticos sostienen que esta propuesta es un ataque directo a la producción agrícola del país y, de aprobarse, podría tener graves consecuencias para el sector productivo.
Entre las voces en contra se encuentran especialistas en agricultura y economía, quienes advierten que el proyecto, lejos de proteger el medio ambiente, ignora la complejidad del sector agropecuario. Restringir el uso de estas herramientas comprometería la competitividad de la producción nacional, poniendo en riesgo tanto el abastecimiento interno como las exportaciones.
A pesar de las recomendaciones de las comisiones de Asuntos Económicos, Legislación y Codificación, que sugieren modificaciones, el proyecto sigue adelante con un claro respaldo de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, postura que muchos perciben más como un gesto político que una política de protección del medio ambiente, dejando en claro que la diputada por el Departamento Central desconoce la realidad rural
También fue criticada la influencia en el texto del proyecto de datos aportados por la ONG Base IS que, además de ser poco objetivos, son la base para el enfoque restrictivo hacia el uso de fitosanitarios que podría derivar en el abandono de tecnologías agrícolas efectivas.
