El Gobierno italiano liderado por Giorgia Meloni ha anunciado un endurecimiento de las penas relativas a los delitos contra la seguridad ciudadana y abordará con mayor contundencia la ocupación de viviendas.
La nueva normativa impondrá penas de entre dos y siete años de prisión para aquellas personas que incurran en un delito de «ocupación arbitraria de bienes destinados a domicilio ajeno», según queda establecido legalmente.
La ley facilitará la devolución rápida de los domicilios a sus dueños mediante un procedimiento de intervención inmediata de la policía judicial en caso de que «el inmueble sea la única vivienda del denunciante».
Penas más duras contra los delitos contra el orden público
Además de la ocupación, otros delitos fueron recogidos en el código penal. El bloqueo de carreteras y otras vías de circulación públicas, que actualmente estaba sujeto a una multa, incluirá penas de cárcel de entre seis meses y dos años de cárcel. Esta medida se encuentra orientada a frenar protestas y manifestaciones de grupos ideológicos como asociaciones ecologistas y sindicatos politizados.
