La Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Irene Kahn, ha publicado un informe en el que recomienda a los Gobiernos y a las empresas que controlan las redes sociales imponer límites a quienes expresan opiniones más tradicionales sobre el matrimonio, el aborto, la sexualidad y la identidad de género. Kahn aboga así en la práctica por la censura y la limitación del derecho básico a la libertad de expresión, que por razón de cargo está llamada a defender.
Dicho informe, con fecha del pasado mes de agosto, pide a los gobiernos que pongan freno a la «desinformación sexista», argumentando que es una forma de «violencia de género». Además, el documento, de 28 páginas, justifica que criticar la ideología de género es una estrategia para silenciar la libre expresión de las mujeres y las personas «no conformes con su género».
Kahn recomienda así lo contrario de lo que representa su puesto en el seno de Naciones Unidas. Censurar y cuartar la libertad de expresión de aquellos que expresen opiniones a favor de la vida, los valores tradicionales y estén en contra de la ideología de género.
Aún todavía, Kahn fue destituida como secretaria general de Amnistía Internacional en 2008. Fue bajo su dirección cuando Amnistía protagonizó un escándalo entre algunos donantes al unirse a la causa proaborto.
El objetivo último, argumentan en la ONU, sería garantizar un amplio acceso a la información que «promueva la salud y los derechos sexuales y reproductivos y las diversas identidades de género». Sin embargo, y bajo el lema de la libertad de expresión, el informe apoya silenciar aquellos contenidos que estén a favor de la vida o la familia tradicional.
A modo de ejemplo, un padre o una madre que se nieguen a que su hijo vea anuncios a través de las redes sociales, animándole a cuestionarse su orientación sexual, estarían practicando según Kahn «desinformación sexista». El documento también acusa con idéntico término a quienes se oponen al aborto.
El informe afirma que «en Irlanda, en la época del referéndum sobre el aborto, se difundió información falsa que relacionaba el aborto con la depresión, el cáncer y el síndrome de Down». También señala a Italia, donde «un grupo provida afirmó falsamente -según la opinión de la ONU- que el aborto era la principal causa de feminicidio en el mundo».
En Hispanoamérica, la ONU lamenta el auge de los grupos provida, que desdeña presentándolos como «un predominio temático de las campañas de desinformación centradas en la violencia de género y el aborto, cuestionando el derecho de las mujeres a la autonomía física, como también polarizando el ejercicio de ese derecho».
En sus conclusiones finales, el informe propone a los Estados que actúen de manera coercitiva, en lo que de hecho sería un ataque a la libertad de expresión: «Redoblando sus esfuerzos y adoptando todas las medidas apropiadas, incluso mediante leyes, políticas sociales y programas, para eliminar los estereotipos de género, las normas sociales negativas y las leyes, políticas, prácticas y actitudes discriminatorias».
