La Cámara de Diputados de Chile aprobó con modificaciones el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
Desde el gobierno de Gabriel Boric ya dieron señales de su desacuerdo con la nueva ley y, sobre todo, con el artículo que permite a los propietarios invadidos recuperar sus bienes de manera personal.
En el debate en sala de la Cámara Baja intervino la ministra del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá, cuestionando la disposición de “legítima defensa privilegiada”, que incorporó la oposición y permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” (según describen en el gobierno) sus terrenos ocupados.
“Como Gobierno no vamos a permitir una ley de usurpaciones que permita enfrentamientos. El proyecto que está en el Congreso busca proteger a las personas que les usurpan sus bienes, y para eso es fundamental avanzar con las herramientas del derecho, no del salvajismo”, señaló Tohá en su cuenta en X.
“El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, sostuvo Tohá.
