La Superintendencia de Bancos, bajo el mando de Hernán Colmán, omitió investigar a José Cantero Sienra, pero sí investigó a los directores y gerentes que administraron una entidad financiera privada desde 2018 de manera «selectiva».
Los documentos que se dieron a conocer demuestran que las irregularidades cuestionadas por la Superintendencia de Bancos correspondían a hechos ocurridos desde el año 2016 en adelante, años en los cuales Cantero Sienra ejercía la Gerencia General de la entidad. Incluso suscribió el balance de la misma.
Cantero Sienra renunció como Gerente General de la entidad privada en el año 2017 y pasó a formar parte del Directorio del BCP, asumiendo la Presidencia del órgano contralor en 2018. Llama la atención que el período en el que ejerció funciones en el sector privado haya sido eliminado del informe final, a pesar de que las cuentas contables cuestionadas presentaban errores de exposición que afectaban ciertos indicadores.
La entidad y los directivos perjudicados, quienes consideran que esta resolución es injusta, plantearon cuestiones procesales legítimas que fueron rechazadas por la Superintendencia de Bancos.
aparentemente, la dirección a cargo de Hernán Colmán se basó en argumentos ambiguos y quebrantó principios jurídicos básicos, como el principio de irretroactividad de la ley y las prescripciones. Esto da lugar a la posibilidad de que se esté cumpliendo «el acuerdo» de encubrimiento.
Hernán Colmán, una vez más, está siendo cuestionado como Superintendente de Bancos. Hace 10 años había estado involucrado en varios escándalos de quiebras de entidades que aún no han sido investigados por la fiscalía.
Expertos en temas financieros sostienen la importancia de aclarar el hecho mencionado, ya que tiene un impacto significativo en la economía del país. De hecho, el Banco Central del Paraguay, a través de sus autoridades, es responsable de velar por la estabilidad de la moneda, la cual se logra si las personas que ocupan cargos directivos en esta institución no se dejan influenciar por cuestiones políticas sectarias que impidan un análisis objetivo de los hechos.
La presunción de un conflicto de intereses pone en duda la credibilidad y la imparcialidad de la Superintendencia de Bancos y del propio BCP. Ambas instituciones deben aclarar cualquier posible encubrimiento para descartar la sospecha de que los intereses personales y de grupo estén por encima de la solidez y transparencia de todo el sistema bancario.
Con información de La Tribuna
