Cristina Estela Magali Laran de Riline, secretaria del fiscal adjunto de Ciudad del Este, Jorge Sosa García, junto a su esposo el aduanero, Nikolai Riline, montaron supuestamente un esquema para cobrar G. 50 millones para “liberar” el ingreso de mercaderías de contrabando desde el Brasil y la Argentina. El monto es semanal y lo deben pagar los aduaneros de la zona. El esquema presuntamente tiene el aval del propio jefe regional del Ministerio Público. Por eso se prohibió realizar procedimientos para frenar el ingreso ilegal de productos desde los países vecinos.
La secretaria o asistente del fiscal adjunto de Ciudad del Este, tiene el cargo de asistente fiscal y recibe por mes más de 12 millones de guaraníes, de acuerdo a los registros del Ministerio Público.
La misma vino junto a Jorge Sosa García, quien fue nombrado como adjunto de Ciudad del Este, por el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón. Cuando le puso en el cargo el titular del Ministerio Público, prometió terminar con los esquemas de coimas en la zona. Pero esto al parecer no llego a Sosa García.
En base a datos obtenidos con fuentes de la propia fiscalía la mencionada Magali Laran rápidamente y con la ayuda de su esposo Nikolai Riline montaron supuestamente el esquema de cobro por “liberar” el ingreso de contrabando desde el Brasil y la Argentina.
Los datos a los que tuvimos acceso, indican que supuestamente reciben dos pagos. Uno de 30 millones y otro de 20 millones de guaraníes, totalizando por semana, G. 50 millones de los aduaneros.
Riline conoce bien la zona. Estuvo como integrante del DETAVE, que fue desmontado porque esta una dependencia que solo se dedicaba a recaudar. Y no a combatir el contrabando.
El esposo de la secretaria del fiscal adjunto de Ciudad del Este, estuvo como encargado del puesto de control del Detave en el Km. 10 de la entonces Supercarretera de Itaipú, ahora Ruta 07 Py.
Era conocido por cobrar jugosas coimas. Ese puesto esta en el camino de los camiones de las tabacaleras que llevan enormes cantidades de cigarrillos que son enviados de contrabando al Brasil a través de puertos clandestinos.
Presuntamente el propio fiscal adjunto Jorge Sosa García, dio su “bendición” para que se arme el esquema que comanda su secretaria junto a su esposo. Esto se refuerza por el hecho de que se prohibió, supuestamente, a que los fiscales realicen algún procedimiento para impedir la entrada en forma ilegal de productos desde el Brasil y la Argentina.
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