Hace ya algunos meses, a través de un comunicado, la totalidad de gremios relacionados a la salud óptica, realizaron una denuncia contra la Fundación Retina, presidida por Andrea Oleñik Memmel.
De acuerdo a lo manifestado por los gremios, la fundación realiza prácticas que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos que, bajo promesas engañosas, acceden a sus servicios.
Los colegios profesionales denunciaron que la fundación realiza fotografías de fondo de ojos o retinografías con personal sin la preparación adecuada, además de la prescripción de lentes sin la presencia de profesionales.
Estas prácticas, a todas luces peligrosas, fueron corroboradas por este medio y, además, nos pusimos en contacto con pacientes que fueron atendidos y ampliaron las denuncias de los gremios. Mientras algunos denunciaron que la “entrega gratuita” de lentes, muchos otros denunciaron que les cobraron, no solo por los lentes, sino también por algunos estudios que, además, nunca les fueron entregados los resultados.
A pesar de estas irregularidades y de la intervención del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Fundación Retina no solo continúa poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos, sino que pretende encabezar una “cruzada” para cambiar las leyes que regulan la materia para que sus prácticas logren un viso de legalidad.
La fundación no se rinde
A través de la plataforma Change Org, la fundación junta firmas para cambiar la ley, con el argumento que “Desde ciertos sectores y gremios, actualmente en nuestro país Paraguay, se busca que, para la obtención de unas lentes, se debe acudir hasta un oftalmólogo. Lo cual es privativo y hasta impracticable teniendo en cuenta el caso de miles de personas que viven en lugares remotos del país”.
Con este cambio que propone la fundación, la figura del médico oculista quedaría “obsoleta”, permitiendo que un técnico optometrista tenga la potestad de recetar lentes, algo así como una Licenciada en Enfermería recetando medicamentos psicotrópicos.
Mientras esto sucede, mientras se pone en riesgo la salud de la población, Andrea Oleñik Memmel intenta desviar la atención mezclando la política con la salud pública, pretendiendo que los ataques se debieron a su condición de entonces precandidata a senadora por la lista 50 del PLRA y no a las malas prácticas médicas.