Debido a que los “símbolos religiosos” –como los nacimientos navideños– son “instrumentos de dominación” de la poderosa jerarquía católica, su exhibición debe estar “proscrita” en los lugares públicos del país, ya que México es un “Estado laico”; a esta conclusión llega el controvertido proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual intenta proteger los derechos humanos de los ateos y de las minorías religiosas.
Partiendo de una denuncia contra la alcaldía yucateca de Chocholá, por sufragar e instalar un nacimiento navideño en un espacio público, el proyecto del ministro señala contundente: “Si bien no está proscrita la decoración de la ciudad, sí lo está cuando esa decoración se vale de símbolos que hacen alusión expresa a cierta convicción religiosa o de conciencia”.
De esta manera, por poner su nacimiento, afirma que la alcaldía de Chocholá “privilegió o consideró superior a la religión cristiana sobre el resto de las concepciones de pensamiento o de conciencia, incluido el laicismo ejercido por el promovente del presente juicio”, el abogado “no creyente” Miguel Fernando Anguas Rosado, señala el proyecto.
Por lo anterior, el ayuntamiento violó el “principio de igualdad y no discriminación” del Estado laico, al “privilegiar la instalación” de un “símbolo de la religión cristiana” como es el nacimiento navideño, el cual consiste –explica Alcántara Carrancá– en “la figura de un bebé acostado en un pesebre, al interior de un establo; rodeado de figuras que evocan a la Virgen María, san José, animales, pastores, los Reyes Magos, entre otros”.
Por lo anterior, el proyecto de González Alcántara Carrancá le pide al ayuntamiento demandado que se “abstenga en el futuro de colocar en espacios públicos del municipio de Chocholá signos que hagan alusión a una convicción religiosa específica; y se abstenga en el futuro de erogar recursos públicos” para esos mismos actos.
Y este “precedente” –concluye el proyecto—se enmarca dentro de un “constitucionalismo transformador”, el cual “aspira a modificar el orden social prevaleciente” en México, en el que la Iglesia católica ha sido desde hace siglos la gran beneficiada por el Estado, por lo que “pesa la presunción fundada” de que sus símbolos religiosos se están “utilizando con el fin perverso de dominar la psique de una colectividad”.
Con información de la «Revista Proceso»
