Después de Venezuela, Perú es el país de Latinoamérica bajo una prolongada crisis no sólo política, sino institucional. La prolongada crisis peruana tiene su génesis el año 2000 luego que Luís Alberto Fujimori aparatosamente renunciara a la presidencia tras un escándalo de corrupción y todo un esquema de sobornos que lo arrastró primero al exilio en Japón y más tarde a la cárcel, hasta ser liberado en marzo de este año tras un Habeas Corpus declarado “fundado” por el Tribunal Constitucional.
Fujimori, provisionalmente fue sucedido por Valentín Paniagua, quien entregó el poder el 2001 al entonces presidente electo democráticamente Alejandro (El Cholo) Toledo. Sin embargo, lejos de resolverse la inestabilidad, fue a partir de allí que se agudiza ese mal crónico de la realidad peruana: una perenne disputa entre Poderes Públicos del Estado, que se expresa en mociones de vacancia de la presidencia por parte del Congreso Nacional o cierres de éste por parte del Ejecutivo.
Esta crisis de gobernabilidad le correspondió además de Toledo, a Alán García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín Vizcarra, ni hablar de Manuel Merino que no duró ni una semana en funciones, el más librado tal vez fue Francisco Sagasti y actualmente Pedro Castillo. En crudo, en las últimas dos décadas de estos 7 mandatarios, cinco enfrentan procesos judiciales por corrupción, hasta el extremo que Alan García se suicidó para evitar ir a la cárcel.
De vuelta al caso puntual de Castillo, un maestro de escuela rural y líder sindical ahora mismo tiene 50 carpetas y 7 investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República, todas ellas vinculadas a corrupción e incluso se presume que el mandatario es el líder de una suerte de estructura o red criminal.
Todas estas causas lo han llevado en menos de dos años de gobierno a cinco cambios de gabinetes ministeriales y tres mociones de vacancia en el Congreso Nacional, que básicamente amparado en un vacuo y difuso articulado constitucional, como lo es la “incapacidad moral” para declarar la vacancia temporal o permanente del Presidente de la República. La más reciente fue aprobada el pasado jueves y deberá defenderse ante el Congreso el lunes 7 de diciembre, bien sea personalmente o a través de su abogado.
Del otro lado del péndulo, el Presidente Castillo ha amenazado con disolver el Congreso, además insiste que su gobierno es víctima de un “golpe de Estado”, por lo cual, solicitó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana. Pedido al que dicho órgano accedió y envió una Comisión de Alto Nivel integrada por cinco Cancilleres activos más el Ex Canciller de Paraguay Eladio Loizaga quien funge de vocero de ésta.
La Comisión ya emitió un breve informe preliminar –que seguramente presentarán esta semana en Washington ante el Consejo Permanente- luego de reunirse y escuchar a las partes en conflicto, entre otros actores claves de la sociedad peruana. En síntesis, recomendaron “una tregua política” para que las partes dialoguen, aunque extrañamente estos diplomáticos profesionales usaron el término “tregua”, como si Perú se encontrara en una situación de guerra, observación que acotó el politólogo e historiador peruano Javier Pérez en el programa radial Enfoque 360 de Radio 1000AM, el término fue completamente incorrecto e inapropiado, pero términos generales, lo que procura el Informe parca y casi que estérilmente ha sido instar a las partes a dialogar.
Pero en el fondo, más allá de una burda puja por el reparto del poder del Estado en el Perú, que es lo que ahora mismo se está observando con este férreo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, en el fondo lo que expresa, en primer orden de ideas es una incapacidad de la elite política peruana de construir una situación de gobernabilidad cuando un mandatario no posee mayoría en el Congreso Nacional.
En segundo lugar, en un plano más profundo, definitivamente se observa un agotamiento estructural del sistema institucional peruano, que evidentemente ha sido permeado por factores del crimen organizado trasnacional por lo que los actores políticos no son los partidos políticos sino individualidades que hacen vida en la administración pública por intereses crematísticos y personales, no por la búsqueda del bien común como del interés nacional que es el deber ser la política.
Finalmente, me atrevo a señalar que este choque entre el presidente peruano y el Congreso Nacional terminará muy pronto, tal vez antes de fin de año y tendrá un derrotado definitivo: el presidente Castillo, pero ello no será la solución a los males estructurales del sistema institucional peruano sino un capítulo más dentro de esta larga historia de inestabilidad política en la que lleva sumido el país por décadas, que a la postre, terminará abriendo las puertas para la implantación de un régimen autoritario tras la incapacidad de las elites de cohesionarse en torno a un proyecto nacional de carácter democrático más o menos estable.
