Empecemos por el principio: La política y el delito son cosas distintas. Aunque parezca una perogrullada, hay muchas personas en Bolivia que todavía no lo entienden.
La política es la ciencia de administrar la cosa pública. Objetos de análisis políticos son los impuestos, las obras de infraestructura, la distribución del poder entre regiones y gobiernos centrales, el modelo educativo del país, la administración de la salud y las relaciones comerciales internacionales. La política establece las condiciones necesarias para que las sociedades vivan en paz, armonía y libertad.
En cambio, los delitos violentan los códigos de convivencia social. Es decir, son acciones u omisiones contrarias a las leyes por las que elegimos regirnos y que, por ende, ameritan un castigo o resarcimiento. Mientras más grandes y organizados los delitos, peor el nivel de vida de las sociedades.
El estudio historiográfico de las dos primeras décadas del siglo 21 de Bolivia y Latinoamérica nos permite llegar a una conclusión: El socialismo del siglo 21, también llamado castrochavismo, es una organización pandillera de tercera generación que tiene de rehenes a las poblaciones de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Veamos los porqués.
El año 1999 solamente la dictadura cubana sobrevivía en la región. Pero Hugo Chávez la sacó de su agonía. La ingeniería subversiva castrista había encontrado un nuevo mecenas. Eso que Chávez llamó: «La diplomacia de los pueblos», no era nada más que el financiamiento a pandillas y grupos terroristas. Los petrodólares, junto con el dinero del narcotráfico, estuvieron detrás del derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada y la llegada al poder de Evo Morales.
Desde sus primeros días sentado en la silla presidencial, el cocalero se caracterizó por el poco disimulo para ocultar sus negras intenciones. Por ejemplo, en varias ocasiones declaró que había llegado a la presidencia para quedarse, o que las leyes no eran impedimento para cumplir sus caprichos.
Morales, siguiendo el libreto cubano, mandó a redactar una nueva constitución política, confiscó empresas petroleras, convirtió al Estado en una fuente de empleo para sus simpatizantes, y masacró a sus opositores.
¿Cómo entendemos sus repetidas victorias electorales?
Hay varias trampas, pero concentrémonos en una.
El Artículo 395 de la Constitución Política dice: «Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación». Es decir, los indígenas bolivianos no pueden vender ni hipotecar sus tierras. Los sindicatos y federaciones intimidan también a sus miembros con la amenaza de quitarles sus parcelas si no apoyan al Movimiento Al Socialismo. Son, en el mejor de los casos, inquilinos del Estado. De ahí que Evo deposite toda su confianza en el voto de los territorios indígenas.
Luis Arce Catacora, el actual delfín del cocalero, dio continuidad al terrorismo de Estado. Por citar un caso, Global Human Rights League, como lista parcial al 24 de agosto 2021, certificó la existencia de 37 presos políticos en Bolivia, de los cuales 10 son militares y 3 policías.
Sin embargo, lo peor de la represión recién está por venir. Primero, por el asesoramiento de Iris Valera (una de las represoras de la dictadura venezolana) a los grupos de choque del régimen. Dos, porque, a diferencia de los inicios del Siglo 21, la dictadura boliviana tendrá que enfrentar una recesión económica global. El conflicto por el CENSO ya nos mostró la violencia que Arce Catacora está dispuesto a ejercer. A modo de cierre, para analizar las estrategias del Movimiento Al Socialismo no hay que usar el marco epistemológico de las Ciencias Políticas, sino de la Criminología. No son hombres de Estado, son hampones.
