Cuando me toca impartir conferencias sobre la relación del crimen organizado y las dictaduras del Socialismo del siglo 21, siempre surge la pregunta: ¿Qué es un Estado fallido? Este tipo de preguntas es mejor responderlas mostrando el concepto positivo.
Un Estado normal es aquel que permite la pacífica convivencia entre sus ciudadanos, garantiza el derecho a la propiedad privada, apoya en temas de salud y educación a los sectores más pobres de la población, y respeta los derechos fundamentales a la vida y la libertad. Por ende, un Estado fallido sería todo lo contrario.
Desde que el Foro de Sao Paulo invadió Bolivia en los 90, el país sufrió una serie de acciones subversivas y terroristas. Las mismas tenían como meta final tumbar a gobiernos democráticos para ampliar la esfera de influencia del castrochavismo. Ese objetivo lo consiguieron en octubre del 2003.
A partir de esa trágica fecha, pero en especial con la aprobación de la nueva Constitución Política el año 2009, las instituciones democráticas fueron corrompidas hasta convertir al país en un narcoestado. La actual constitución boliviana es, básicamente, un mecanismo para sostener a la pandilla masista en el poder. Pero no para garantizar el ejercicio de los derechos a los ciudadanos bolivianos.
¿Le parece exageradas mis afirmaciones?
Veamos lo que dicen los índices internacionales sobre Bolivia.
En el Índice de Libertad Económica 2022 del Fraser Institute ―que acaba de presentar datos a 2020― El Estado Plurinacional de Bolivia ocupa el puesto 123 de 165 países evaluados, por detrás de Togo y Djibouti, solamente delante de Argentina y Venezuela.
En el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2022, Bolivia ocupa el puesto 121 entre un total de 129. El país se ubica por detrás de Nigeria, Etiopía, Camerún o Mozambique. Al ritmo que van las cosas, en uno años los niños bolivianos reemplazan a los africanos en los afiches contra la desnutrición infantil.
Desde el año 2017 hasta el 2019, El ranking de competitividad turística (elaborado por el Foro Económico Mundial) coloca a Bolivia en el puesto 99 entre 136 naciones estudiadas. Es decir, que ni los millones de dólares que el régimen destino al Dakar cambiaron las perspectivas de los turistas sobre el país. No somos atractivos para el turismo internacional. Son pocos los que quieren visitar Bolivia. Mucho menos vamos a pedir grandes inversiones en el sector. Así de simple.
A principios de septiembre 2022, la ONU publicó El informe sobre desarrollo humano 2020 – 2022. Bueno, acá tampoco nos fue muy bien. Bolivia se ubica en el puesto 118 de 191 países. Pero tenemos que enfatizar en un agravante: a nivel Sudamérica, el país sólo está por encima de Venezuela.
El promedio de las notas obtenidas por el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) es una investigación realizada por la UNESCO desde el 2013. El país se negó en participar del estudio hasta el 2017, año en el que se suma. Unos 12.000 alumnos de los nueve departamentos participaron en los exámenes. En el promedio de las notas el país ocupó el puesto 13 entre un total de 16. Una de las «maravillas» de La ley Avelino Siñani.
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, entre enero y agosto 2022, registró un total de 107 vulneraciones a la libertad de prensa. La agresión a trabajadores de la prensa es el tipo de vulneración más común, seguida por la estigmatización a periodistas ―la dictadura acusa de «pitita» a cualquier periodista independiente― y el impedimento del acceso a la información.
En los hechos de amenazas el más sobresaliente es el ocurrido en Santa Cruz sobre el secuestro de periodistas en Las londras. Nicolás Ramírez, uno de los secuestradores de periodistas en octubre de 2021, en conferencia de prensa exigió el retiro del libro Periodismo vs Terramafia de Roberto Méndez. Además, actuando como matón de una mara, amenazó a fiscales, policías y a otros periodistas.
Con todo, es evidente que «El proceso de cambio» fue, simplemente, el retorno a la barbarie y el subdesarrollo.
¡Dueles Bolivia!
