26 de diciembre de 1982, en su hacienda San Vicente, ubicada en el departamento de Beni, don Roberto Suarez Gómez (apodado como el Rey de la cocaína) celebraba a lo grande el cumpleaños de su primogénito, Roby (recientemente liberado de una cárcel en EE. UU.). Para la ocasión la familia contrató a chefs extranjeros. El cuadro musical estuvo a cargo de los mejores grupos nacionales de la época, además del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Pero la aparición de Manolo Otero sobre el escenario fue el broche de oro. Sin embargo, ni los cocineros de renombre ni los cantantes de lujo fueron los más destacado de esa parranda, sino Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha.
La llegada de la mañana no detuvo la pachanga. Con el alcohol ya subido a sus cabezas, los colombianos confesaron los planes que tenían para introducir cocaína a los Estados Unidos usando los puertos y las lanchas militares de Cuba.
La sociedad entre Roberto Suarez Gómez, Pablo Escobar y Fidel Castro terminó el año 1984. El dictador cubano recibió información sobre las operaciones paralelas que sus socios estaban realizando con Manuel Antonio Noriega. Fiel a su costumbre, Castro tomó la decisión de deshacerse de sus poco leales cómplices. Empero la suerte jugó a favor del boliviano y el colombiano, escaparon de una muerte segura.
Con la ruptura de esa sociedad, Castro perdió millones de dólares. Adicionalmente, el bloque soviético comenzaba a desmoronarse. Por eso, en 1990, junto con Lula Da Silva, fundó el Foro de Sao Paulo. Esta nueva cofradía socialista tenía dos objetivos centrales: Primero, encontrar nuevos países a quienes sustraer dineros y, de esa manera, sostener la tiranía cubana. Segundo, controlar las rutas del narcotráfico para, en palabras del propio Fidel, perforar el bloqueo.
La expansión de la dictadura de Cuba a partir de 1990 ―pero con mayor fuerza desde que Hugo Chávez la sacó de su periodo especial el año 1998― llevó al establecimiento de dictaduras en Venezuela con el propio Chávez, Nicaragua con Daniel Ortega, Ecuador con Rafael Correa y Bolivia con Evo Morales. Estos regímenes muy pronto se estructuraron como narcoestados, cuya principal característica es la violación sistémica de los DDHH.
Al respecto, Juan Reinaldo Sánchez, guardaespaldas del dictador durante 17 años, en un artículo titulado: La metodología cubana de control social, explica como Fidel Castro ―usando el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos como carnada― infiltró la prensa, las universidades y las fuerzas de seguridad de varios países latinoamericanos para implantar métodos de control social y mecanismos de manipulación informática. El modelo para seguir sería el de COPEXTEL. La empresa se encarga de censurar y manipular la información que los cubanos pueden ver en internet. Pero su trabajo principal es, mediante un espionaje minucioso, anular cualquier idea disidente.
Asimismo, Reinaldo Sánchez nos habla del producto más «exitoso» que la dictadura cubana exportó a la región: las torturas físicas y psicológicas al interior de las cárceles ―que, en la mayoría de los casos, terminan en suicidios de los presos―. De hecho, durante un seminario a partidarios del MAS en agosto del 2021, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana ―gran admirador de los métodos cubanos― aseguró que la expresidenta Jeanine Añez se encuentra «en la frontera de su quiebre emocional». En esa época Añez intentó quitarse la vida producto, según versiones de su defensa y familiares, de las torturas psicológicas a las que fue sometida.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional vigente para Bolivia, para todos los países de las Américas y el resto del mundo, determina que por «grupo delictivo organizado se entenderá́ un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material».
Solo hay que revisar las noticias, periódicos, videos y revistas, ver las imágenes de las redes sociales, escuchar las declaraciones de gente como Quintana y de los miembros de su organización, además de ver el día a día de los presos políticos bolivianos para constatar la mísera condición de la justicia nacional, actualmente sometida al MAS y sus caprichos. No estamos frente a una fuerza política, sino a grupo criminal.