En Argentina la carga ofensiva Kirchnerista se ha hecho sentir con fuerza en ataques a la independencia y autonomía de la Justicia, con la intención de apartar de las causas a los fiscales que investigan hechos de corrupción de autoridades provinciales, debido a la gravedad de los hechos, Asociaciones Fiscales agremiadas han realizado una “Solicitud de Audiencia Temática sobre afectaciones a la independencia de fiscales provinciales en el marco de la lucha contra la corrupción en la República Argentina” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está fijada para 18 de marzo.
Esta Audiencia tiene como objetivo escuchar denuncias sobre los ataques del gobierno nacional y las provincias a fiscales que investigan casos de corrupción, la primera audiencia de este tipo que concede la prestigiosa CIDH por “presiones a jueces y fiscales durante la gestión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luego de la audiencia, la CIDH puede dictar recomendaciones al Gobierno.”, según señala el Clarín de Buenos Aires.
El pedido de audiencia de estas Asociaciones reza sobre “los ataques contra la independencia del ministerio público en diferentes provincias buscan amedrentar y condicionar la actuación de los fiscales, procurando desplazarlos de las causas que tramitan”.
Se busca así “lograr impunidad en diversas causas en las que se investigan casos de corrupción o causas complejas que involucran a funcionarios y ex funcionarios provinciales”.
En el plano local el ataque escalonado, sistemático y coordinado sufrido por la Fiscalía General del Estado no constituye un hecho aislado desde la asunción al cargo de Sandra Quiñonez Astigarraga, la primer Fiscal General del Estado de la República del Paraguay por parte de sectores políticos detractores a su figura, sino parecería ser un plan orquestado desde las más altas esferas del Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, para el copamiento de la Justicia tal y como ocurre en Venezuela.
En el documento base del XXIII Encuentro del FSP en Managua, capital de Nicaragua, en el año 2017, se presenta una clara y peligrosa propuesta que ya está siendo ejecutada y que atenta contra el sistema democrático de la región. Acciones que buscan socavar gobiernos democráticos a través de la generación de daños al sistema judicial, con actuaciones inexplicables de jueces y fiscales de algunas naciones, que parecen seguir los lineamientos del Foro.
Paraguay no escapa a dichas acciones llevadas delante de manera recurrente por parlamentarios, activistas sociales y medios de comunicación afines, en esta última crisis surge como protagonista el segundo del ejecutivo de la Nación, Hugo Velázquez y otros ministros dependientes del Ejecutivo que responden a la línea del PDP, siendo Desirée Masi, senadora de la misma agrupación quien lidera los más virulentos ataques contra la Fiscal General del Estado y Fiscales de las Unidades Especializadas, especialmente las de Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Sectores como El Partido Encuentro Nacional, Patria Querida y de la bancada oficialismo Colorado Añeteete cierran filas en bloque para desestabilizar la autonomía e independencia del Ministerio Público.
Los últimos resultados electorales en las Municipales de Paraguay dieron las voces de alerta al Foro de Sao Paulo. De ahí que estemos ante una escalada de los ataques a los sistemas judiciales por parte de sus “asociados” regionales.
