El presidente del Partido Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, debe enfrentar un juicio oral y público el 17 y 18 de octubre del 2022. Está acusado por presentar facturas falsas para la rendición de cuentas de la campaña presidencia anterior. Sin embargo, asegura que todo tiene trasfondo político y que lo que buscan es “sacarle de la carrera presidencial”.
Alegre, cuya candidatura es rechazada incluso por sus correligionarios, quienes le reclaman que dé un paso al costado y permita que otros encabecen la chapa de los opositores ya que él ya sufrió varias derrotas, dijo que sabe que “van a intentar de muchas formas” atajarlo para no llegar al 2023. “Pero no lo van a lograr, vamos a llegar al 2023, vamos a ganar el 2023 contra todos estos sinvergüenzas”, manifestó.
“Lo que pasa es el autoritarismo y la mafia se enceguece, lo que no se dan cuenta es que esto, lejos de perjudicarme, lo que hace es consolidar nuestro proyecto”, señaló, refiriéndose al proceso que soporta.
Insiste en que van a “intentar sacarlo de la carrera” electoral. “Ellos siguen creyendo que me van a doblar, creen que me van a hacer callar, pero un minuto no me quita el sueño este proceso. El 18 de octubre vamos a hacer una fiesta tremenda”, dijo.
“Mañana me van a procesar porque algún intendente o gobernador del Paraguay tiene problema en su administración”, argumentó.
EL CASO
La acusación contra el presidente de los liberales es por los delitos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documento público de contenido falso. Es en el marco de la investigación por la compra de combustible para la campaña presidencial pasada.
El Ministerio Público basa el proceso en evidencias, tales como pericia caligráfica y documentológica llevada a cabo por el perito Darío Benítez, de la Dirección del Laboratorio Forense. El profesional analizó una de las facturas a nombre del PLRA, cuyo monto es de G. 98 millones y llegó a la conclusión de que el presente documento es falso y no auténtico.
La denuncia inicialmente fue presentada por Silvio Concepción Martínez Mendoza, propietario de la estación de servicios Catedral (Puma), quien denunció la supuesta falsificación de una factura de combustible presentada por Alegre ante la Justicia Electoral.