Las autoridades del régimen chino han estado presionando a gobiernos extranjeros para conseguir la deportación de cientos de taiwaneses, reveló un informe de una ONG que señala especialmente a las autoridades de España, de donde llegaron muchos deportados.
Más de 600 taiwaneses fueron extraditados desde varios países a China entre 2016 y 2019, en un intento de “minar la soberanía de Taiwán”, indicó el grupo de derechos humanos Safeguard Defenders el martes en un informe que describe una “caza de taiwaneses”.
Más de 200 procedieron de España, cuya justicia decretó en 2017 que un grupo de 121 chinos y taiwaneses acusados de fraude telefónico podían ser extraditados a China continental, pese a la oposición de Taipéi.
China considera la isla de Taiwán como parte de su territorio, con la voluntad de reincorporarla eventualmente bajo su dominio, y ha aumentado en los últimos años la presión para aislarla diplomáticamente.
China y Taiwán acordaron en 2009 que la policía de ambos lados devolvería sus sospechosos en el extranjero a sus respectivos territorios, pero Beijing ha empezado a ignorar este compromiso desde la elección de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen en 2016, según el informe.
Safeguard Defenders dijo que el régimen de Xi Jinping ha presionado gobiernos como los de Filipinas o Camboya para extraditar a cientos de taiwaneses, en su mayoría acusados de fraude en las telecomunicaciones en China.
Los extraditados enfrentan “detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y confesiones televisivas forzadas”, aseguró la organización que vigila y apoya a los activistas de derechos humanos en Asia.
Con sede en Madrid, Safeguard Defenders critica a las autoridades españoles por su “claro menosprecio” de sus compromisos en derechos humanos y por su “falta de entendimiento de la severidad de los abusos de derechos humanos en China”.
En contraste, el Tribunal Supremo checo rechazó el año anterior una petición de extradición a China de ocho taiwaneses, alegando el riesgo de tortura y el pobre historial en cuestión de derechos de Beijing.
En respuesta a este informe, el gobierno de Taiwán aseguró el miércoles que China “no tiene jurisdicción” sobre sus ciudadanos implicados en casos criminales en el extranjero, que deberían ser devueltos a la isla.
