Esta semana el Gobierno ha puesto en marcha la aprobación de un decreto reduce los controles del Tribunal de Cuentas
La oposición critica que es una medida de escape ante los problemas de gestión.
En el cuadro general los problemas no solo están vinculados a esta discutida norma, Giorgia Meloni sabía que la recepción de los fondos del Recovery Fund y la gestión del plan nacional de recuperación italiano (PNRR) vinculado a los mismos iba a ser el mayor reto a largo plazo que tendría que gestionar su Gobierno. El tiempo está demostrando que no está siendo fácil. Italia es el mayor beneficiario de estos fondos que llegarán a 209 mil millones de euros antes de 2026. Gestionar esa cantidad en un país conocido por su lentitud burocrática no está siendo fácil. Tampoco por sus cambios de Gobierno: fondos negociados por Giuseppe Conte, gestionados inicialmente por Mario Draghi y en su amplia medida, ahora y en el curso de esta legislatura, por Giorgia Meloni. De hecho el pasado mes de marzo llegó la primera alerta concreta con la paralización de 19 mil millones de euros ante la revisión del cumplimiento de los objetivos por parte de la Comisión Europea.
Ahora el debate ha vuelto a encenderse tras la petición esta semana en Italia del ministro de la Administración Pública, Paolo Zangrillo, de aprobar un decreto que limitase los controles de la Corte dei Conti (Tribunal de Cuentas italiano) para simplificar los largos procesos que están haciendo a Italia incurrir en algunos retrasos en el gasto de los fondos que ya han recibido y en los proyectos sucesivos. La norma ha tenido luz verde en la Cámara con los votos de mayoría de derechas del Gobierno y llegará al Senado antes del 21 de este mes, donde se prevé la aprobación definitiva. El Ejecutivo justifica la necesidad de acelerar los procesos. En la práctica el Tribunal podrá examinar los proyectos una vez realizados y continuará emitiendo un informe cada seis meses sobre la puesta en práctica de los planes del Recovery Fund. Pero ahora no podrá intervenir mientras los proyectos están en marcha para señalar errores, dinero malgastado o incluso fraudes.
La oposición ha criticado fuertemente este decreto justificando que se trata de una medida a la desesperada debido a la incapacidad del Ejecutivo de gestionar de forma adecuada estos fondos. También los magistrados del Tribunal de Cuentas han puesto de relevancia el riesgo de que ya no existan controles eficaces sobre el dinero que se gastará. Meloni justificó esta semana en una entrevista en la televisión italiana, en Rete 4, “hacemos lo que ya ha hecho el precedente Gobierno”. La primera ministra se refiere a unas pautas acordadas por Mario Draghi con la UE en 2021 sobre los controles del PNRR, donde no se hablaba en concreto de estos controles del Tribunal de Cuentas. Los magistrados han hecho público un comunicado donde dice que la flexibilización de los controles “reduce la protección de las finanzas públicas”.
Los problemas que ha presentado hasta ahora el PNRR en Italia se deben a dos categorías: aquellos estructurales y aquellos puntuales vinculados a los proyectos concretos. En muchos casos ambos se retroalimentan y son consecuencia el uno del otro. La estructura lenta de la burocracia italiana frena proyectos que deberían estar listos para ponerse en marcha y eso se extiende generando un problema generalizado en el gasto de los fondos europeos. Precisamente el Tribunal de Cuentas ha individuado con su trabajo en su último informe, del 25 de mayo, que hasta ahora se ha gastado menos dinero del previsto. Este es un gran problema ya que significa que muchos proyectos están parados o llevan retraso y eso impediría luego recibir las siguientes entregas hasta 2026. Las nuevas normas vinculadas a los proyectos del Revery Fund han aterrizado en un país, Italia, que ya presentaba muchos problemas en el desarrollo de procesos entre los ministerios y las administraciones locales, siempre lentos. La necesidad de cumplir los plazos acordados con Europa ahoga ahora a un sistema que tiene que cambiar rápidamente.
