Los exabruptos, los insultos y la mala educación parecen ser ya parte del único repertorio público que suele ofrecer la senadora Celeste Amarilla, la “condesa del valle de San Bernardino”. Esta vez, un nuevo episodio viral vuelve a colocarla en el ojo de la tormenta, evidenciando un comportamiento reiterado que dista mucho del decoro esperado de una representante nacional.
Un video difundido masivamente en redes sociales muestra a Amarilla protagonizando un altercado en plena vía pública, específicamente en la concurrida intersección de Aviadores del Chaco y Carlos Rocholl, en Asunción. El incidente comenzó cuando la legisladora, al mando de una camioneta sin chapa, rozó el vehículo de un conductor de plataforma y, lejos de dialogar o asumir responsabilidad, reaccionó con insultos y gestos obscenos.
El afectado, Rolando Galeano, conductor de Bolt, relató que al intentar adelantarse, Amarilla comenzó a increparlo violentamente. Tras el leve roce entre ambos vehículos, la legisladora se retiró del lugar sin hacerse cargo, dejando a Galeano con una abolladura y una ralladura en su vehículo.
“Esta es pérdida de plata para mí, soy trabajador de plataformas”, expresó el conductor, manifestando su preocupación por los daños sufridos pese a contar con seguro contra accidentes, y lamentando el trato “sumamente prepotente” que recibió por parte de la legisladora.
En entrevista con radio Ñandutí, Galeano contó que incluso decidió seguir a Amarilla hasta su vivienda para intentar que se responsabilice por lo ocurrido. Sin embargo, al poco tiempo llegaron agentes policiales, quienes le pidieron retirarse del lugar argumentando que “Amarilla es una figura pública”. Los uniformados le recomendaron realizar su denuncia en la comisaría correspondiente.
El episodio no sorprende a quienes siguen la trayectoria mediática de la senadora liberal, que en diversas ocasiones ha sido protagonista de escenas cargadas de insultos, agresiones verbales y actitudes elitistas. Lo que sí sorprende —o indigna— es la impunidad con la que, una vez más, parece moverse una figura pública cuya investidura debería obligarla a un comportamiento ejemplar, no a episodios que rozan el abuso de poder.
Mientras el caso avanza hacia una denuncia formal, el debate ciudadano vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo la mala conducta de ciertos legisladores será tratada como una excentricidad y no como una falta grave a la ética pública?
