A comienzos del año 1999, a las pocas semanas del triunfo electoral de Hugo Chávez, Norberto Ceresole publicó: Caudillo, ejército, pueblo. En el trabajo, Ceresole explicó, además, de manera muy clara, que para ellos la victoria en las urnas era una carta blanca para reformar todo el sistema legal venezolano. Empero, el veterano sociólogo, no estaba nada más que repitiendo la misma receta que en los 60 Fidel Castro había aplicado en Cuba, en resumen, la ley es el caudillo, y el caudillo es la ley.
Pocos años después, concretamente, el 2004, en Bolivia, el cocalero Morales, apoyado por Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, empezaría un proceso parecido, pues la Asamblea Constituyente convocada ese año no era nada más que un acto criminal para reemplazar la República de Bolivia por el Estado Plurinacional de inspiración castrista. Al respecto, Carlos Sánchez Berzain, en su artículo: Elecciones en Bolivia a 17 años del golpe que inició el proceso dictatorial, explica:
Evo Morales amparado en la amnistía llegó a la Presidencia de la República el 22 de enero de 2006 con mandato de 5 años sin reelección continua y permaneció casi 14 años. Con la falsificación producida en la ley 2631 instaló y manipuló una asamblea constituyente cuya propuesta de constitución desconoció y cambió con otra ley infame, la 3941 de 21 de octubre de 2008 con la que suplantaron la constituyente. De esta manera la constitución del denominado “estado plurinacional” no es la de la Asamblea Constituyente, es la que necesita la dictadura.
Una vez consumado el acto criminal contra la nación boliviana, Evo Morales implantó toda una red de leyes infames, ya que en su espíritu no está el respeto a la vida, la propiedad y la libertad, sino que son mecanismos para, justamente, socavar los derechos fundamentales de los bolivianos. Veamos algunos ejemplos.
La Ley 393 de Servicios Financieros, promulgada el 29 de agosto del 2013, obligó a todo el sistema financiero boliviano a trabajar con tasas de interés artificialmente bajas y, exclusivamente, con moneda nacional. En ambos casos desprotege a tomadores de crédito y a ahorristas, ya que a los primeros los metió a una enorme burbuja, y a los segundos los dejó sin acceso a sus ahorros en dólares.
La Ley 065 del Sistema de Pensiones limitaba todos los campos posibles de inversión de los fondos jubilatorios (incluso prohibía destinar dineros a los bienes raíces), pero dejaba abierta la posibilidad de hacerlo sin límite alguno en los instrumentos financieros del gobierno. Para desgracia de millones de trabajadores bolivianos, ese abuso condenó a que los fondos de jubilación tengan un mísero rendimiento del 4% el 2020. Adicionalmente, esos dineros fueron malgastados en las obras faraónicas de la dictadura, como el propio Morales admitió:
Voy a ser sincero, nosotros también teníamos préstamo (de las AFPs), creo era $us 4.000 millones, pero era para inversión, el teleférico hicimos con esa plata, pagamos intereses, pero también estamos devolviendo, el teleférico tiene su renta.
Sin embargo, la realidad contradice al iletrado cocalero, ya que Mi Teleférico tuvo un déficit acumulado de más de Bs. 1.300 millones en siete años de funcionamiento.
La Ley 421 de octubre de 2013, instituye el voto ponderado que es una modalidad creada por el MAS para otorgar sobrerrepresentación parlamentaria a las zonas rurales, donde ejerce sin ningún reparo la dictadura sindical, con el argumento de que requieren «fortalecer su desarrollo», en perjuicio de la infra representación de las zonas urbanas, lo que evidencia discriminación y afecta a la justicia, a la igualdad y a la paridad del poder de voto.
A modo de cierre, La única oferta real, creíble y necesaria es la de desmontar todo el sistema de leyes infames que el MAS ha instalado en Bolivia durante los últimos veinte años. Todas las demás son, meramente, sueños irrealizables o simples demagogias. ¿Algún opositor estará dispuesto a hacer esa tarea?
