En enero del 2002, cinco mil cocaleros, al mando de Morales, sitiaron mi natal Cochabamba. Sus acciones terroristas, que ellos tuvieron el descaro de llamar: «Protesta social», dejaron más de 20 vehículos destruidos, cientos de heridos y dos oficiales del orden asesinados a golpes de machetes mientras eran evacuados a un centro médico. Producto de toda esa violencia, el Congreso Nacional tomó la decisión de expulsar a Evo Morales de su seno.
Evo, al abandonar su puesto en el hemiciclo, declaró: «No fui expulsado por corrupto, delincuente ni por ser paramilitar. Me siento orgulloso que la clase corrupta me expulse». La frase sonaba muy triunfalista para quien, al menos en teoría, estaba derrotado. Pero el cocalero, en realidad, el Foro de Sao Paulo, ya tenía otra estrategia, una que no respondía a la lógica política, sino delincuencial: Amenazó al país con más violencia de no ser reincorporado a su puesto.
Morales, mediante fallo del Tribunal Constitucional, fue devuelto al parlamento, pero no volvió. El cocalero ya había pensado en su estrategia para las elecciones de ese año. Su carrera «política» contó con el apoyo de las ONGS y varios sectores de las viejas izquierdas europeas, el narcotráfico y, en especial, de la dictadura cubana.
En la toma de poder del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, no faltaron los desafíos violentos de los parlamentarios que respondían al Movimiento Al Socialismo. Evo conspiró desde el primer día de la nueva gestión, hasta que el 17 de octubre del 2003 el cocalero y sus milicianos conseguían derrocar a Sánchez de Lozada. Ese día Bolivia pasó a ser otra de las patrias secuestradas por el castrochavismo.
La llegada al poder de Morales, a pesar de todo el marketing invertido en él, no fue otra cosa que el triunfo de la delincuencia transnacional. Primero, al fiel estilo cubano, impuso una constitución para centralizar todo el poder en sus manos. Segundo, bajo el subterfugio de «luchar contra el imperialismo», expulsó a la DEA de Bolivia. Tercero, para guardar apariencias de legalidad, puso a sus hombres de confianza en la lucha contra el tráfico de drogas. Por último, para preservar un espejismo de democracia, estableció un sistema electoral en el que siempre saldría ganador, una farsa donde el ciudadano vota, pero jamás elige.
Prácticamente, toda la gestión de Morales estuvo plagada de escándalos ligados al narcotráfico. Los casos más sonados son de René Sanabria, General de Policía, y Maximiliano Dávila, coronel de Policía muy ligado a Evo y su círculo. Sin embargo, existen muchos otros uniformados implicados con los cárteles, por ejemplo, el excomandante y exdirector de la Felcn Óscar Nina, en 2015; el director de la Felcc de Santa Cruz, Gonzalo Medina, en 2019 y el exoficial antidroga Omar Rojas Echeverría.
La gestión de Arce Catacora también está infestada de casos de narcotráfico. En junio del 2023, se conoció en Bolivia que meses antes, concretamente, febrero, un avión de Boliviana de Aviación había transportado 17 toneladas de cocaína a España. A las pocas semanas, finales de julio, se hizo publicó el caso de Sebastián Marset.
Marset es uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Al respecto, el diario, El país, relata lo siguiente:
En Bolivia, Marset gozaba de protección especial, pues tenía pasaporte y cédula de identidad bolivianos, incluso agradeció públicamente que los altos mandos policiales lo hayan ayudado a escapar. Además, se convirtió en propietario del club Leones F. C. del municipio de El Torno, cercano a la ciudad de Santa Cruz. Marset no solo era el administrador del equipo, sino que jugaba algunos de sus encuentros. Para varios expertos, entre ellos, Douglas Farah, los constantes casos de narcotráfico ponen a Bolivia en los países candidatos a convertirse en narcoestados. Sin embargo, los bolivianos estamos conscientes que esa condición se alcanzó hace rato, ¡pobre país!