Oscar Ayala Amarilla, actual secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó su postulación para el cargo de defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución de rango constitucional creada para la promoción y defensa de los derechos humanos, así como canalizar y proteger los intereses de la población.
El pasado 26 de julio la Cámara de Senadores abrió la convocatoria para el cargo de defensor del pueblo y defensor adjunto, así como para contralor y subcontralor. En el marco de esta convocatoria fue presentada la mencionada candidatura que es una, de las varias que fueron puestas a consideración desde el sector de la sociedad civil donde existen numerosas personas con suficiente calificación profesional y destacada trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
El llamado a concurso cerró el pasado 9 de agosto y el Senado, por mayoría absoluta de votos, deberá conformar una terna de candidatos y candidatas de entre todos los perfiles que haya recibido, a más tardar el próximo 2 de setiembre. Posteriormente la terna será remitida a la Cámara de Diputados donde, nuevamente por mayoría absoluta de votos se deberá elegir a uno de los/as ternadas, según detalla el propio Senado en el llamado público que realizó.
La Defensoría del Pueblo es una institución extra poder, es decir, está inserto en la estructura del Estado, pero no responde a ninguno de los tres poderes. Se trata de un organismo con rango constitucional, cuyos mandatos también tienen la misma categoría y que fue creada para trabajar en la promoción y defensa de los derechos humanos, para controlar las acciones del propio Estado, impulsar investigaciones, emitir censuras a funcionarios/as del Estado sobre actuaciones o posturas que van en contra de los derechos humanos, entre otras muchas acciones que actualmente no se cumplen.
En ese sentido es importante mencionar que el trabajo de la Defensoría del Pueblo es observado y calificado a nivel internacional y actualmente la institución paraguaya se encuentra degradada de categoría debido al incumplimiento de las funciones para las cuales fue creada. Esta sanción fue impuesta por el organismo internacional que controla el cumplimiento de obligaciones y estándares que deben seguir las defensorías del pueblo a nivel mundial.
Sobre esta situación, durante el último ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), realizado en mayo de este año, numerosos países llamaron la atención al Estado paraguayo sobre el trabajo que actualmente realiza la Defensoría del Pueblo, así como sobre el proceso de elección del defensor del Pueblo. Hicieron hincapié en que el proceso de elección debe ser transparente y según los estándares dispuestos a nivel internacional para este tipo de instituciones y llamaron a dotarla de recursos para que pueda desarrollar el rol que tiene según la propia Constitución Nacional.
“Es una institución tremendamente abandonada que ha estado en manos de funcionarios que no han estado a la altura del cargo y que no provienen de organizaciones que han trabajado la temática de derechos humanos, sino que responden al cuoteo político partidario” señaló al respecto Ayala Amarilla.
Indicó que, en caso de ser electo defensor, pretende hacer una revisión profunda de cómo está hoy esa institución, re-organizarla y re-definir funciones en base a la potencialidad que tiene la misma de liderar las grandes luchas por los derechos humanos y los grandes debates sobre políticas sociales del Estado.
