Tres funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá iniciaron proceso judicial en mi contra por difamación, calumnia e injuria, por unas publicaciones en mis redes sociales donde señalaba sus sueldos (de dominio público) y sus vínculos anteriores con el actual director, Nicanor Duarte Frutos.
En las demandas solicitan en total de G. 450 millones de guaraníes, monto que se encuentra fuera de mis posibilidades. Tanto así que actualmente estoy organizando una rifa para cubrir los gastos del proceso judicial.
Se trata de Carlos Osorio, quien seria capataz de la quinta que el expresidente tiene en Atyra y está casado con una sobrina de Nicanor Duarte Frutos; la otra persona es Noelia Nuñez, quien ingresó a la EBY en el 2003 y actualmente ocupa el cargo de directora de Coordinación Social de la Binacional y de su esposo, Carlos Figueredo, funcionario de Yacyretá desde 2019.
El salario de Noelia Núñez alcanza los 63 millones, el de Figueredo supera los 22 millones y el de Osorio los 21 millones, sumando 108 millones entre los tres, según planilla de salario del mes de diciembre 2019.
Asumo que este hostigamiento del cual soy víctima es un intento por callar a quienes denunciamos irregularidades en distintos ámbitos de la función pública, pero también representa un grave atropello a la libre expresión y libertad de prensa amparadas en el artículo 26 de la Constitución Nacional.
Considero realmente preocupante la acción de quienes deberían ser servidores públicos, abiertos a los requerimientos de la ciudadanía y no demandantes de quienes cuestionan sus privilegios. El trabajo en conjunto, de quienes defendemos la libertad de expresión y fomentamos el control ciudadano es fundamental para hacer frente a los grupos de poder que pretenden acallarnos. Los funcionarios públicos deben estar abiertos a responder a la ciudadanía y ser ejemplos de civismo y honestidad, presentar demandas a quienes denuncian los hechos irregulares de amiguismo y corrupción es un hostigamiento judicial y atropello a la libertad de expresión
